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La nueva Corte y su impacto político
La reciente conformación de la Corte Suprema de Argentina ha traído consigo un torbellino de cambios y tensiones políticas. La toma de juramento al catedrático Manuel García-Mansilla, nombrado por el presidente Javier Milei, marca un hito en la historia judicial del país.
Este nombramiento, realizado a través de un decreto polémico, ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y judicial. La decisión unánime de los tres supremos, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, de aceptar a García-Mansilla, refleja una búsqueda de estabilidad en un contexto de alta volatilidad.
El juicio político y sus repercusiones
El reciente caducamiento del pedido de juicio político a la Corte, impulsado por el kirchnerismo, ha dejado un vacío en el ámbito legislativo. Este proceso, que había sido una de las presiones más significativas sobre el máximo tribunal en tiempos de gobierno K, se ha desvanecido sin mayores consecuencias.
La falta de apoyo en la Cámara de Diputados para avanzar con el juicio ha evidenciado la fragilidad de las alianzas políticas actuales. La senadora Guadalupe Tagliaferri ha manifestado que con solo 25 votos en contra, sería suficiente para rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla, lo que podría desencadenar un inédito conflicto de poderes.
El futuro de la Corte y el papel de Lorenzetti
El ex presidente de la Corte, Lorenzetti, ha sido un actor clave en este escenario. Su visión de una Corte más activa y con un perfil más alto contrasta con la postura de algunos de sus colegas.
La posibilidad de que la Corte limite las decisiones del presidente Milei es un tema candente. Lorenzetti, quien ha sido un crítico del debilitamiento de la justicia, busca un consenso entre sus pares para abordar la crisis actual. La tensión entre los miembros de la Corte, especialmente en torno a la licencia de Lijo, refleja un debate más amplio sobre el modelo de justicia que se desea construir en Argentina.
Implicaciones para la democracia argentina
La situación actual de la Corte Suprema no solo afecta al ámbito judicial, sino que también tiene profundas implicaciones para la democracia en Argentina. La percepción de que el gobierno de Milei podría intentar cercenar la independencia judicial genera preocupación entre los sectores más críticos. La historia reciente ha demostrado que los intentos de control sobre la justicia pueden llevar a un debilitamiento de las instituciones democráticas. La Corte, en su papel de garante de la Constitución, deberá enfrentar estos desafíos con firmeza y autonomía.
