La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de Argentina se encuentra en una encrucijada crítica. Desde que Javier Milei asumió la presidencia a finales de 2023, los recortes presupuestarios han sido severos. Esto ha encendido las alarmas y movilizado a diversos grupos en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo afecta esto a quienes dependen de estos servicios? En este artículo, vamos a desmenuzar la situación actual de la ANDIS, las implicaciones de estos recortes y las lecciones que podemos extraer de este contexto tan desafiante.
Un entorno de recortes y descontento
Desde que comenzó el nuevo gobierno, ANDIS ha visto una reducción drástica en sus capacidades operativas. Los empleados no han tardado en expresar su malestar, señalando que la carga de trabajo ha aumentado considerablemente por la disminución en el personal. Un trabajador anónimo lo resumió así: “La reducción de personal ha resultado en una mala división del trabajo, ya que nosotros, los empleados que seguimos, estamos sobrecargados”. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué pasa con la calidad de atención a las personas con discapacidad cuando la infraestructura se desmorona por falta de recursos?
Los números cuentan una historia diferente a la que podríamos suponer. Con menos empleados, el tiempo de respuesta a solicitudes y consultas ha aumentado, lo que ha llevado a un descontento generalizado entre los beneficiarios. La escasez de personal no solo afecta la atención directa, sino que también retrasa trámites esenciales, como la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD) o el acceso a pensiones por invalidez. ¿Cuál es el impacto de esto en la vida diaria de miles de argentinos? Es una cuestión que merece ser explorada.
Un caso de estudio: el impacto de la gestión de Spagnuolo
La gestión de Diego Spagnuolo como director de ANDIS estuvo marcada por decisiones que han dejado huella. Durante su mandato, se cerraron centros de referencia en pequeñas localidades y zonas rurales, limitando el acceso a servicios esenciales para quienes más lo necesitan. Un empleado comentó: “La gente del interior nos tiene como su único canal de contacto porque todo estaba cerca de casa, pero ahora se ha eliminado”. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de la accesibilidad en la administración pública, especialmente en un contexto donde la digitalización aún deja a muchos atrás, particularmente en áreas rurales.
Además, los trabajadores han señalado que la actual administración parece rechazar la idea de brindar apoyo a las personas que requieren asistencia en actividades cotidianas. Esta tendencia es preocupante, ya que sugiere un cambio en la percepción hacia las personas con discapacidad dentro de la política pública. Antes se valoraba su inclusión; ahora, parecen ser considerados un gasto que se quiere reducir.
Lecciones aprendidas y recomendaciones para el futuro
La situación actual de ANDIS nos recuerda lo vital que es el ajuste entre el producto y el mercado (PMF) incluso en la administración pública. Aunque esto suene más a un concepto de negocio, la realidad es que si no se invierte adecuadamente en servicios esenciales, como la atención a personas con discapacidad, el resultado es insostenible. La lección es clara: los recortes en áreas críticas no solo impactan a quienes reciben servicios, sino que también deterioran la moral y la efectividad de los empleados que aún permanecen en la organización.
Para aquellos que lideran en el ámbito público y privado, el mensaje es sencillo: escuchen a sus empleados y a los beneficiarios. La voz de quienes están en la línea del frente es crucial para identificar problemas y proponer soluciones efectivas. Además, establecer métricas para evaluar el impacto de las decisiones administrativas en la calidad del servicio es fundamental.
En conclusión, la crisis que atraviesa la ANDIS no es solo un problema administrativo; es un reflejo de una falta de compromiso hacia los ciudadanos más vulnerables. La historia reciente nos enseña que la sostenibilidad en el servicio público requiere inversión y atención constante a las necesidades de la población. Al avanzar, debemos priorizar la equidad y la accesibilidad en nuestras políticas y decisiones. ¿Estamos dispuestos a hacerlo?
