La ciudad de Cartagena, conocida como La Ciudad Heroica se encuentra en medio de una crisis de abastecimiento de agua que ha llevado a la intervención de varios órganos de control. La Contraloría Distrital de Cartagena bajo la dirección de Yadira Morales Roncayo ha iniciado una auditoría que durará hasta cuatro meses para evaluar el contrato de gestión de acueducto y alcantarillado.
Esta medida se suma a la orden del Tribunal Administrativo de Bolívar que ha decretado la suspensión inmediata de los racionamientos de agua en el casco urbano de la ciudad. La crisis, que comenzó el 11 de mayo ha generado una serie de acciones legales y fiscales que buscan garantizar el derecho fundamental al agua potable para los cartageneros.
La intervención de la Contraloría Distrital
La Contraloría Distrital de Cartagena ha instalado una Actuación Especial de Fiscalización contra la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar). Esta auditoría, que se ejecutó el 26 de junio tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Acuacar en el Contrato para la Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado (GISSA) y sus modificaciones.
La contralora Yadira Morales Roncayo destacó que esta actuación se debe a las denuncias públicas del alcalde Dumek Turbay quien ha expresado la inconformidad de la ciudadanía con la prestación del servicio público. «Esta instalación se da en ocasión de las denuncias públicas que ha hecho el señor alcalde Dumek Turbay de la inconformidad que tiene la ciudadanía en la prestación del servicio público y de todo este tema que rodea la ejecución del contrato de operación», afirmó Morales Roncayo.
La orden del Tribunal Administrativo de Bolívar
El Tribunal Administrativo de Bolívar ha ordenado, como medida cautelar, la suspensión inmediata de los racionamientos de agua en el casco urbano de Cartagena. Esta disposición judicial responde a la necesidad apremiante de mitigar los riesgos latentes sobre los derechos a la salud y vida digna de los cartageneros.
El magistrado ponente aclaró que esta orden no constituye un prejuzgamiento ni un pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad de la empresa. La medida busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos mientras se surte el debate de fondo.
La postura de Acuacar
Ante estas acciones, la gerencia de Aguas de Cartagena ha fijado una posición de prudencia y defensa corporativa. La compañía confirmó que recibió formalmente a la comisión fiscalizadora y que brindará toda la colaboración requerida. «Aguas de Cartagena recibió a la Contraloría Distrital en el marco de una actuación especial de fiscalización y, como ha sido siempre su proceder, brindará toda la colaboración requerida», reza el comunicado emitido por la empresa.
Acuacar argumenta que la contingencia se presenta debido a variaciones persistentes e inesperadas en las características del agua cruda captada, lo que ha reducido la capacidad de producción del sistema. Además, señalan un incremento en las conexiones ilegales y en la demanda del servicio.
La compañía también ha indicado que sus equipos jurídico y técnico están analizando detalladamente los alcances del fallo emitido por el Tribunal de Bolívar. Acuacar asegura que cuenta con los soportes para demostrar que no ha vulnerado ni amenazado los derechos e intereses de la ciudadanía y que sus actuaciones se ciñen al marco sectorial y contractual que regula los sistemas de acueducto.
La última palabra, según la empresa, la tienen los estrados judiciales y los órganos de control.
