Un tribunal federal otorgó una suspensión definitiva que afecta las tareas de construcción en el Tramo 5 del Tren Maya, la sección que conecta Cancún y Tulum. La resolución surge de un amparo promovido por la organización civil Sélvame del Tren, y exige a las autoridades ambientales actuar en campo para comprobar y mitigar posibles daños a los ecosistemas locales.
La decisión no supone la cancelación automática del proyecto ferroviario, pero impone obligaciones legales y operativas que deben cumplirse antes de continuar con las obras en la zona señalada. El fallo apunta directamente a la necesidad de protección de cenotes, sistemas de cuevas y acuíferos, elementos clave del subsuelo de la península de Yucatán.
Qué establece la suspensión y a quién obliga
El mandato judicial ordena a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizar verificaciones, inspecciones y labores de conservación en el Tramo 5, considerado de alta fragilidad ecológica. En la práctica esto implica presencia continua de personal técnico y la elaboración de informes detallados que acrediten el estado real de los recursos naturales afectados.
El juez exigió que la supervisión no se limite a documentos administrativos: las revisiones deben ser presenciales y con alcance para detectar, documentar y corregir riesgos sobre la flora, la fauna y la red de cavidades subterráneas.
Acciones concretas requeridas
Entre las tareas que la resolución impone están la inspección de pilotes y estructuras de sostén, la evaluación de filtraciones de concreto y corrosión de acero, así como la verificación de las afectaciones a cenotes y cavidades. Además, la Profepa deberá presentar protocolos de conservación y medidas de reparación cuando se identifiquen daños.
Motivos de la controversia: impactos sobre el subsuelo y la selva
El Tramo 5, en el que se concentra esta disputa, ha sido señalado desde sus inicios por su paso por terrenos kársticos. Las obras incluyen la hinca de pilotes que atraviesan formaciones rocosas y sistemas de ríos subterráneos, lo que genera un riesgo directo sobre el funcionamiento del acuífero y la integridad de cenotes y cavernas.
Organizaciones ambientalistas han denunciado la pérdida masiva de vegetación —calculada en alrededor de 3.6 millones de árboles en distintos informes— y reportaron que más de 120 cuevas resultaron dañadas durante las labores de obra. Además, videos difundidos por grupos civiles mostraron corrosión en pilotes y derrame de concreto en cavidades subterráneas, hechos que sirvieron como evidencia en la demanda.
Reconocimientos oficiales de daño ambiental
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya había admitido que el proyecto ocasionó perjuicios ambientales, y señaló especialmente el Tramo 5: al menos ocho cavidades y cenotes fueron catalogados como comprometidos por la construcción, según reportes previos. Esa admisión contribuyó a la fundamentación del amparo que derivó en la suspensión.
Situación paralela: avance del componente de carga del Tren Maya
Mientras persiste la disputa por el tramo Cancún-Tulum, el programa para habilitar el servicio de carga del Tren Maya continúa con trabajos en otras áreas. El ingeniero militar Ricardo Vallejo Suárez informó que las cuatro terminales multimodales de carga están aproximadamente 25% concluidas, y que se construyen más de 950 kilómetros de nueva vía para crear un circuito de mercancías en la península.
Entre las obras reportadas figuran 101 kilómetros de vías en patios de maniobras en los complejos de carga, 70 kilómetros de nuevo trazo para vincular Mérida con Progreso y la construcción de un eje de 7 kilómetros que conectará la terminal de pasajeros de Cancún con la nueva terminal multimodal. Además, se informó de la puesta en marcha de la doble vía en las secciones 4 y 5 que atraviesan Quintana Roo.
Balance y próximos pasos
La suspensión judicial representa un punto de inflexión en la gestión del Tren Maya: establece que, aunque la obra sea prioritaria para el Gobierno, su avance depende de cumplir la normativa ambiental y de que las autoridades demuestren medidas efectivas de protección. En lo inmediato, la Profepa debe presentar constancias de inspección y programas de conservación; de lo contrario podrían activarse sanciones administrativas o nuevas medidas cautelares.
Por su parte, colectivos como Sélvame del Tren celebraron la resolución como un avance en la defensa del entorno natural y anunciaron que vigilarán el cumplimiento de las ordenes judiciales. La expectativa pública ahora se centra en la ejecución de las verificaciones de campo y en la transparencia de los informes que las autoridades entreguen sobre el estado real del Tramo 5 y sus ecosistemas.
