La confirmación de que autoridades municipales autorizaron el sacrificio de decenas de miles de perros callejeros provocó una reacción inmediata en la esfera pública. Según registros municipales, la cifra aprobada asciende a 10,962 animales, mientras que la funcionaria implicada habló públicamente de cerca de 10,000 ejemplares eliminados durante su gestión. La controversia no solo está en los números: plantea preguntas sobre la aplicación de protocolos, la legalidad de las decisiones y el alcance de las normas vigentes en materia de bienestar animal.
Ante la difusión de un video y la posterior declaración de la exalcaldesa, la presidenta de la República manifestó que es necesario revisar la regulación actual para privilegiar la protección animal. La mandataria señaló que la reforma que elevó este tema a rango constitucional exige ahora una ley secundaria que precise procedimientos y sanciones. En paralelo, organizaciones y especialistas han puesto el foco en la diferencias entre lo que permiten las normas y lo que se practicó en el municipio al norte de Ciudad de México.
Los argumentos de la funcionaria y las cifras en disputa
La senadora que fuera alcaldesa defendió la medida alegando que muchos animales estaban en condiciones «deplorables» o habían agredido a personas, y aseguró que las acciones se ajustaron a protocolos oficiales. Para contextualizar, ella destacó campañas de salud pública: más de 50,000 esterilizaciones, miles de adopciones y atención a más de 80,000 perros en situación de calle durante su administración. No obstante, críticos y activistas han cuestionado tanto la proporcionalidad como la documentación de esos actos, señalando que cifras distintas y la difusión del video generan dudas sobre transparencia y supervisión.
Implicaciones legales y respuesta de la sociedad civil
Organizaciones defensoras de animales y especialistas han señalado que la Ley Federal de Sanidad Animal establece límites concretos para la eliminación de fauna urbana. Ethel Herrejón, entre otras voces, indicó que la normativa solo autoriza la eutanasia en casos puntuales: emergencias, patologías incompatibles con la vida o riesgo claro para personas u otros animales. Además, recordó que la eutanasia legal requiere fármacos específicos, protocolos y supervisión veterinaria, elementos que encarecen y formalizan el procedimiento, y que por tanto dificultan la justificación de una matanza masiva sin registro detallado.
Investigación penal y posibles sanciones
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una indagatoria para determinar si las acciones constituyeron delito de maltrato animal conforme al código penal estatal. Si la averiguación concluye que hubo responsabilidad penal, la persona investigada podría enfrentarse a penas que, en su momento, se han establecido hasta por seis años de prisión en casos de abuso grave. Asimismo, activistas preparan solicitudes formales para la remoción del cargo público y la solicitud de responsabilidades administrativas y penales.
Debate público y retos para la política pública
El episodio ha reavivado un debate más amplio sobre el manejo de animales en situación de calle en México: abandono, reproducción descontrolada y presencia de animales enfermos o agresivos suelen describirse como una «crisis» por autoridades locales. Sin embargo, especialistas en bienestar animal llaman a orientar las políticas hacia estrategias integrales que incluyan campañas de esterilización, educación ciudadana, fortalecimiento de refugios y marcos normativos claros. La presidenta indicó que la reforma constitucional sobre bienestar animal exige ahora leyes secundarias que ofrezcan criterios uniformes para el trato de la fauna urbana.
Hacia una norma más clara
La discusión marca un punto de inflexión: mientras unos exigen sanciones y revisión de prácticas pasadas, otros reclaman políticas preventivas y recursos para evitar que situaciones similares se repitan. La elaboración de la normativa pendiente deberá equilibrar la protección de la salud pública, los derechos de los animales y la fiscalización de procedimientos como la eutanasia. En ese camino, la transparencia administrativa, la supervisión veterinaria y la participación de organizaciones civiles aparecen como elementos indispensables para restaurar la confianza pública y prevenir nuevas crisis.
