La provincia de Mendoza se encuentra en el centro de un intenso debate tras la aprobación de un proyecto minero que ha despertado la indignación de miles de ciudadanos. La decisión de los legisladores de permitir el desarrollo del proyecto San Jorge ha generado protestas masivas, centradas especialmente en la preocupación por el acceso al agua, un recurso vital en esta región árida de Argentina.
Este proyecto, que implica una inversión de más de 500 millones de dólares, busca establecer una mina de cobre y oro en Uspallata, cerca de la frontera con Chile. A pesar de las numerosas manifestaciones y el descontento generalizado, el gobierno provincial, bajo el liderazgo del gobernador Alfredo Cornejo, ha decidido avanzar con la iniciativa, argumentando que es una oportunidad crucial para el desarrollo económico de Mendoza.
Un contexto de protestas masivas
La votación de este proyecto el pasado martes fue precedida por una serie de movilizaciones que congregaron a miles de personas en la capital provincial. Los manifestantes, que portaban carteles con lemas como «El agua de Mendoza no se negocia«, exigieron a los legisladores que reconsideraran su postura ante el impacto ambiental que podría acarrear la minería en la región.
La respuesta de las autoridades
Para controlar la situación, las autoridades implementaron un amplio operativo de seguridad, que incluyó la presencia de más de 500 policías y medidas de cierre en las áreas circundantes a la legislatura. Esta reacción subraya la tensión que ha emergido en torno al proyecto, calificado como un hito para el futuro minero de Mendoza.
La propuesta para la mina San Jorge ha sido respaldada por el presidente Javier Milei, quien considera que la minería representa una oportunidad significativa para la economía nacional, especialmente en la producción de cobre, un mineral esencial para la transición energética.
Reacciones de la comunidad local
A pesar de las afirmaciones del gobierno sobre los beneficios económicos, la comunidad local ha manifestado su escepticismo. Críticos del proyecto han expresado su preocupación sobre el impacto en los recursos hídricos, vitales para la vida y la agricultura en una región que ya enfrenta desafíos hídricos significativos.
Opiniones de expertos y ciudadanos
El miembro de la Asamblea por el Agua de Uspallata, Carlos Russo, ha señalado que numerosos informes científicos han arrojado conclusiones alarmantes sobre el potencial daño que la minería podría causar a los acuíferos de la zona. «Es un área de aguas prístinas, y los efectos negativos sobre el ecosistema podrían ser devastadores», advirtió. La preocupación se centra en que la minería podría reducir drásticamente el caudal de los ríos y arroyos locales, afectando la calidad de vida de más de un millón de personas que dependen de estos recursos.
La oposición política también ha alzado la voz en este debate. El senador Félix González, del partido Justicialista, criticó la falta de precisión en el estudio de impacto ambiental presentado por el gobierno. Según él, «es casi seguro que se tomarán acciones legales» en respuesta a esta decisión legislativa, lo que podría complicar aún más el avance del proyecto.
Los planes del gobierno nacional
El presidente Milei ha defendido la iniciativa como parte de su visión de convertir a Argentina en un líder en la exportación de cobre, siguiendo el modelo de Chile. Afirmó que el proyecto San Jorge podría generar importantes ingresos y crear miles de empleos, y prometió que el gobierno enviará una nueva legislación al Congreso que modificaría la Ley de Protección de Glaciares para facilitar el avance de proyectos mineros.
Con una mirada hacia el futuro, el gobierno sostiene que el sector minero puede contribuir significativamente a la economía regional y nacional, con proyecciones que sugieren que Argentina podría triplicar sus exportaciones de cobre en los próximos años. Sin embargo, la comunidad de Mendoza se mantiene firme en su resistencia, exigiendo una revisión exhaustiva de las implicaciones ambientales de tales proyectos.
