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En Colombia, la situación se ha tornado alarmante tras la muerte de al menos 15 menores en operaciones aéreas llevadas a cabo por el ejército desde el mes de agosto. Estos incidentes han suscitado un intenso debate sobre la política militar del gobierno, especialmente en un contexto donde se busca erradicar a grupos armados implicados en actividades ilegales. La ombudswoman Iris Marin ha expresado su preocupación y ha instado al presidente Gustavo Petro a revisar y, de ser necesario, suspender los ataques aéreos que podrían estar poniendo en riesgo a los niños reclutados por estos grupos.
Contexto de la situación actual
Los ataques aéreos, que han sido justificados por el gobierno como una medida para combatir a los grupos guerrilleros, han tenido un costo humano devastador. Según informes, los bombardeos han resultado en la muerte de menores que, lamentablemente, han sido reclutados por las fuerzas armadas ilegales. La ombudswoman, a través de sus redes sociales, ha señalado que los ataques deben ser detenidos en áreas donde se presuma la presencia de menores.
La respuesta del gobierno
El presidente Gustavo Petro ha reconocido la gravedad de la situación, admitiendo que al menos 15 menores han muerto en los mencionados bombardeos. Este reconocimiento ha llevado a un escándalo político, con llamados por parte de algunos congresistas para que el ministro de Defensa dimita. La presión aumenta sobre el gobierno para que revise su estrategia militar, que algunos critican como una complacencia hacia intereses externos, en particular, los de Estados Unidos que buscan una postura más agresiva contra el narcotráfico.
Reacciones de los grupos armados
La situación se complica aún más con la aparición de líderes guerrilleros que han amenazado con afectar el proceso electoral. Iván Mordisco, un conocido comandante de un grupo disidente de las FARC, ha emitido un mensaje en video en el que califica los bombardeos como una declaración de guerra y advierte sobre posibles repercusiones en las elecciones presidenciales. Mordisco, que se encuentra en la clandestinidad, ha declarado que el actual contexto podría provocar un aumento de la violencia en el país.
Implicaciones sociales y políticas
Las amenazas de Mordisco reflejan un clima de inestabilidad política y social en Colombia. Este escenario se vuelve más complejo con el trasfondo de asesinatos y violencia que han marcado la trayectoria de los recientes procesos electorales. Las autoridades colombianas están bajo creciente presión para encontrar un equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de los derechos humanos. La muerte de menores en ataques aéreos ha abierto un debate sobre la ética de las decisiones militares y la necesidad de salvaguardar a los más vulnerables.
En resumen, la situación actual en Colombia es un claro reflejo de los desafíos que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro en su lucha contra el narcotráfico y los grupos armados. Las muertes de menores en bombardeos han causado una ola de indignación que reclama una revisión urgente de las tácticas militares. Además, las amenazas de líderes guerrilleros sugieren un posible impacto negativo en el proceso electoral, lo que podría complicar aún más el panorama político en el país.
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