El 19.05.2026 la magistrada Fabiola Márquez, ternada por el Pacto Histórico, dictó una medida cautelar que ordenaba la suspensión inmediata de la publicación de encuestas de la firma AtlasIntel en la revista Semana. Esa resolución, motivada por una denuncia del representante Alejandro Toro sobre una encuesta del 9 de abril, provocó una reacción en cadena entre los partidos, los medios y expertos en metodología electoral.
Tras intensas consultas internas, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió dejar sin efecto la suspensión; la revocatoria fue comunicada públicamente el 21/05/2026. La explicación oficial señaló que la orden inicial había sido adoptada de forma individual por la magistrada Márquez y que correspondía analizarla en sala plena, lo que reavivó críticas sobre los procedimientos del tribunal.
Origen de la queja y aspectos técnicos
La denuncia presentada por Alejandro Toro cuestionó una encuesta publicada el 9 de abril donde, según el denunciante, los resultados mostraban a Iván Cepeda en desventaja frente a otros aspirantes. El reclamo centró su argumento en el supuesto uso de un margen de error de ±2% con un 95% de confianza sin un diseño de muestreo probabilístico estricto. Además, se apuntó a la recolección exclusivamente digital como fuente de potencial sesgo, pues podría subrepresentar poblaciones rurales y grupos etarios con menor acceso a internet.
Auditorías y recomendaciones
La Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas informó que recibió informes de auditoría que sugerían sanciones contra AtlasIntel. Los documentos coincidieron en que la metodología utilizada se asemejaba más a un sondeo de opinión que a una encuesta regulada por la vigente normativa, y que existieron omisiones en la presentación de documentación exigida por la ley. Estas conclusiones motivaron la recomendación inicial de suspender las publicaciones mientras se adelanta la investigación.
Reacciones públicas y preocupaciones por la libertad de prensa
La revista Semana anunció que agotará todos los recursos legales para defender su derecho a publicar y describió la medida como una «operación de silencio». Varios sectores expresaron preocupación por el impacto de la ley 2494 en la libertad de información: críticas que resaltan cómo los requisitos legales más estrictos pueden limitar la difusión de encuestas y concentrar el control en instancias estatales o en pocas firmas grandes.
Posturas de los encuestadores
Desde AtlasIntel, su CEO defendió la trayectoria y la robustez metodológica de la compañía, recordando éxitos internacionales en ciclos electorales pasados. Mientras tanto, otras firmas como Invamer enfrentan investigaciones y la española GAD3 suspendió publicaciones por la misma normativa, lo que alimenta el debate sobre si la ley actual se adapta a nuevas técnicas de muestreo y a encuestas digitales.
Implicaciones para la campaña y el sistema electoral
La controversia tiene efectos prácticos: más allá de la disputa jurídica, genera incertidumbre sobre la credibilidad de las mediciones que acompañan la campaña presidencial. Para los analistas, el episodio subraya la necesidad de clarificar qué metodologías son aceptables bajo la ley y cómo deben presentarse los microdatos y las bases de cálculo que sustentan cualquier informe público.
Escenario legislativo
En paralelo, el senador Carlos Fernando Motoa anunció iniciativas para derogar la ley 2494, argumentando que la norma limita la libertad de expresión y concentra poder regulatorio. Esa propuesta simboliza la tensión entre regular la precisión de las encuestas y proteger el derecho de la ciudadanía a acceder a información de campaña.
En síntesis, el retiro de la suspensión por parte del pleno del CNE no cerró el capítulo: quedan pendientes las tres investigaciones abiertas contra AtlasIntel, el examen de las auditorías y un debate público sobre cómo conciliar regulación, metodología y libertad de prensa en el marco de unas elecciones nacionales.
