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El contexto de la Defensoría del Niño
La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es una institución crucial en Argentina, encargada de velar por el cumplimiento de los derechos de la infancia.
Sin embargo, su funcionamiento ha estado en el centro de una intensa disputa política. Marisa Graham, quien ocupó el cargo, vio su mandato vencido el 28 de febrero, pero la falta de consenso en el Congreso ha impedido la elección de su sucesor.
Este vacío institucional ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, que demandan una pronta solución.
La batalla política en el Congreso
Recientemente, la propuesta de La Libertad Avanza para presidir la comisión encargada de elegir al nuevo defensor fue rechazada.
En su lugar, Unión por la Patria y la UCR lograron un acuerdo para designar a la radical Natalia Sarapura. La senadora Vilma Bedia, de La Libertad Avanza, propuso a Nadia Márquez, resaltando la necesidad de una persona comprometida con los derechos de los niños.
Sin embargo, la falta de apoyo a su moción evidenció las divisiones profundas entre los bloques políticos.
Las implicaciones de la acefalía
La prolongación del mandato de Graham, tras la modificación del reglamento, ha suscitado críticas y denuncias por abuso de autoridad.
La Fundación Más Vida ha llevado el caso a la justicia, argumentando que la auto prórroga de Graham es ilegal. Este conflicto no solo pone en jaque la institucionalidad de la Defensoría, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del Congreso para garantizar los derechos de la infancia en un contexto de polarización política. La Ley 26.061 establece que la elección del defensor debe ser un proceso transparente y democrático, lo que hace aún más urgente la necesidad de resolver esta situación.
