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El veto presidencial y sus consecuencias
Recientemente, el presidente Lula de Brasil tomó una decisión que ha generado un gran revuelo en el sector energético del país. Su veto a ciertos aspectos del proyecto de energía eólica offshore ha desatado un conflicto entre los consumidores, los generadores de energía eólica y los propietarios de plantas térmicas.
Este veto se centra en un artículo que proponía la contratación de 8 GW (gigavatios) de energía proveniente de usinas térmicas y pequeñas centrales hidroeléctricas (PCHs). La situación ha llevado a un enfrentamiento en el Congreso, donde cada parte intenta demostrar la viabilidad y los beneficios de su opción energética.
Estudios en juego: térmicas versus PCHs
En medio de este conflicto, las partes han comenzado a presentar estudios que respaldan sus posiciones. La Asociación Brasileña de Generadoras de Energía Limpia (Abragel) ha contratado a la consultora Thymos, que ha estimado que la contratación de 4,9 GW de PCHs podría generar una ventaja de R$ 12 mil millones anuales.
Por otro lado, los consumidores han encargado un estudio a PSR, una de las consultoras más reconocidas en el ámbito energético, que ha analizado el impacto de las térmicas sin considerar los jabutis. Según este estudio, las plantas térmicas podrían imponer un costo adicional de R$ 155 mil millones a los consumidores, mientras que las PCHs añadirían R$ 150 mil millones a la factura de electricidad.
La necesidad de energía y el impacto en los consumidores
Más allá de los números, la verdadera cuestión radica en la necesidad de esta energía contratada en el contexto actual. Los consumidores argumentan que las PCHs tienen un impacto ambiental menor en comparación con las térmicas, lo cual es un punto válido.
Sin embargo, esto no elimina el hecho de que ambas opciones representan un costo significativo para los consumidores, quienes ya han enfrentado un aumento del 16% en el costo de la energía en febrero. La falta de necesidad inmediata de esta energía contratada plantea interrogantes sobre la dirección que debería tomar el país en su política energética.
