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El fin de una era en la concesión de peajes
La concesión de Caminos del Río Uruguay, que ha estado operando durante casi tres décadas, está a punto de llegar a su fin. Este recorrido de casi 700 kilómetros, que incluye tramos de las rutas 12 y 14, así como la Autopista del Mercosur, se encuentra en una encrucijada.
La finalización de esta concesión, programada para el 8 de abril, ha desatado un conflicto entre la empresa concesionaria y el gobierno de Javier Milei. La situación se complica aún más con la decisión del Estado de asumir el control de estas rutas, lo que podría tener repercusiones significativas para los usuarios y los empleados de la empresa.
La estatización y sus implicaciones
La decisión del gobierno de no prorrogar el contrato de Caminos del Río Uruguay y de hacerse cargo de la operación de las rutas plantea interrogantes sobre el futuro de los servicios de mantenimiento y seguridad en la vía.
Vialidad Nacional, la entidad estatal encargada de la infraestructura vial, ha dejado claro que no tiene planes para cobrar peajes ni para garantizar la continuidad de los servicios que actualmente ofrece la concesionaria. Esto incluye la atención de emergencias, como ambulancias y asistencia mecánica, que son vitales para la seguridad de los conductores en un trayecto tan extenso.
El conflicto por las tarifas de peaje
Uno de los puntos más críticos en esta disputa es la cuestión de las tarifas de peaje. Mientras que el gobierno otorgó un aumento del 200% a Corredores Viales, la empresa estatal de peajes, a Caminos del Río Uruguay solo se le permitió un incremento del 100%.
Esta disparidad ha llevado a la empresa a un concurso preventivo y a reclamar una indemnización de 300 millones de dólares por contratos incumplidos. La falta de actualización de tarifas ha sido citada como una de las principales razones de la crisis financiera de la concesionaria, lo que ha generado un clima de incertidumbre para los 500 empleados que dependen de esta empresa para su sustento.
El futuro incierto de los trabajadores
La situación laboral de los empleados de Caminos del Río Uruguay es especialmente preocupante. En un comunicado reciente, la empresa advirtió que, a partir del 8 de abril, el gobierno deberá asumir la operación integral del corredor y resolver el destino de los trabajadores. Sin embargo, un funcionario del gobierno ha declarado que la continuidad laboral de los empleados es un problema que la empresa deberá resolver por sí misma. Esta falta de compromiso por parte del Estado ha dejado a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad, sin claridad sobre su futuro laboral.
Reflexiones finales sobre la crisis
El conflicto en torno a la concesión de Caminos del Río Uruguay pone de manifiesto las tensiones entre el sector público y privado en Argentina. La decisión del gobierno de no prorrogar la concesión y de asumir el control de las rutas plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para gestionar adecuadamente estos servicios. A medida que se acerca la fecha límite, tanto los usuarios como los empleados de la concesionaria se encuentran en un estado de incertidumbre, esperando respuestas que aún no han llegado.
