El lunes, el PAMI, la institución encargada de la seguridad social para jubilados en Argentina, se unió oficialmente al Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA). Esta iniciativa extrajudicial fue presentada por el Ministerio de Salud a inicios de este año para abordar el creciente número de demandas derivadas de supuestas fallas en la atención médica.
La importancia de este desarrollo es indiscutible, ya que PAMI, con aproximadamente 5.7 millones de afiliados, se posiciona como la mayor institución de seguridad social del país. La incorporación de PROMESA por parte de PAMI requirió una resolución específica, publicada el mismo día, destacando su estatus único como organización descentralizada dentro del marco de la seguridad social nacional.
Implicaciones de la participación de PAMI
Surge una pregunta esencial: ¿afectará el nuevo enfoque de PAMI la forma en que los jubilados presentan sus quejas? Además, ¿qué tan frecuentes son las reclamaciones relacionadas con la salud entre los afiliados de PAMI? Lamentablemente, no existe un registro público confiable que rastree el número mensual o anual de litigios de salud que involucran a jubilados. Sin embargo, se acepta ampliamente que estas disputas son numerosas.
La magnitud de PAMI garantiza que las quejas de salud sean una preocupación significativa tanto para el ámbito político como para el judicial. El decreto ejecutivo que estableció PROMESA subrayó la creciente tendencia de acciones legales vinculadas a problemas de salud, especialmente entre los usuarios del sistema de salud y sus prestadores de servicios.
Desafíos para los prestadores de salud y el sistema judicial
Los proveedores de servicios en el sector salud han expresado su preocupación por el volumen de medidas cautelares emitidas por los jueces. Estos magistrados, aunque a veces informados, pueden no comprender completamente las complejidades de los desafíos de salud que enfrentan los pacientes individuales. En muchos casos, se muestran cautelosos, fallando a favor de los pacientes por temor a posibles riesgos para la salud.
En respuesta a esta problemática, el Ministerio de Salud celebró recientemente la resolución de su primer caso bajo PROMESA, lo que demuestra el potencial de efectividad del programa. En un comunicado, el ministro Mario Lugones reveló que un paciente logró alcanzar un acuerdo mutuo con su prestador en solo cuatro días, permitiéndole reanudar su tratamiento médico de manera rápida.
¿Beneficiará realmente PROMESA a los jubilados de PAMI?
La pregunta crítica que persiste es: ¿será el mecanismo de PROMESA realmente útil para los jubilados que enfrentan problemas relacionados con medicamentos, tratamientos médicos o disputas sobre la cobertura de servicios como hogares de ancianos y centros de salud mental? Para profundizar en este tema, Clarín consultó a tres expertos legales especializados en derecho sanitario.
Uno de estos expertos, Eugenio Semino, es defensor de los adultos mayores en Buenos Aires y representa frecuentemente a jubilados a nivel nacional debido a la falta de un organismo de defensa nacional dedicado. Semino reconoció que, aunque PROMESA podría ser beneficioso para ahorrar tiempo y recursos, lo calificó como un “sinsentido” institucional. Argumenta que esta iniciativa es solo una solución temporal para un problema mucho más grande: el abrumador número de reclamaciones judiciales relacionadas con problemas de salud, que a menudo son resultado de una cobertura inadecuada por parte de los proveedores, incluido PAMI.
Los problemas subyacentes de la cobertura de salud
Según Semino, las reclamaciones judiciales solo deberían ser perseguidas en casos de situaciones que amenacen la vida o en circunstancias extraordinarias. Criticó la llamada “industria del litigio”, sugiriendo que el estado fomenta este entorno al no cumplir con su obligación de proporcionar servicios de salud adecuados. Señaló que muchos proveedores redirigen a los pacientes a firmas legales para presentar reclamaciones, indicando que el estado es el principal culpable de estos fallos sistémicos.
Él enfatizó que estudios revelan una preocupante tendencia en la que los proveedores de salud envían a los pacientes directamente a oficinas legales específicas para iniciar reclamaciones, perpetuando así el ciclo de litigio. “El estado es el principal responsable de no proporcionar la atención necesaria, y aun cuando los recursos están disponibles, los pacientes a menudo tienen dificultades para acceder a ellos por diversas razones”, señaló.
La importancia de este desarrollo es indiscutible, ya que PAMI, con aproximadamente 5.7 millones de afiliados, se posiciona como la mayor institución de seguridad social del país. La incorporación de PROMESA por parte de PAMI requirió una resolución específica, publicada el mismo día, destacando su estatus único como organización descentralizada dentro del marco de la seguridad social nacional.0
