La detención, la madrugada del 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, devolvió al centro del debate regional la figura de Sebastián Marset, señalado por delitos que van desde el narcotráfico hasta el homicidio. Investigaciones periodísticas y fiscales han reconstruido cómo el uruguayo habría replicado en Colombia el mismo patrón detectado en Paraguay: usar empresa fachada para blanquear recursos ilícitos y construir una imagen pública cuidadosamente manipulada. El caso cruza fronteras y evidencia la sofisticación de redes que combinan actividades comerciales, apariencias religiosas y medios de comunicación para ocultar sus flujos financieros.
La captura llegó después de años de búsqueda y precede a una trama de acusaciones que incluyen la posible autoría intelectual en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2026. Además, Estados Unidos imputó a Marset el 7 de marzo de 2026 por presunto lavado de activos, y en agosto de 2026 Bolivia ofreció una recompensa de USD 100.000 por información sobre su paradero. Mientras las autoridades bolivianas concretaron la aprehensión, el hallazgo reactivó consultas sobre cómo sociedades inscritas en Colombia permitieron la entrada de capitales y la ocultación de beneficiarios reales.
Las sociedades en Colombia y el método operativo
Documentos y registros muestran que una empresa registrada en Bogotá, inscrita inicialmente el 27 de agosto de 2019, fue usada como pantalla para actividades que, según las pesquisas, no tenían actividad comercial real. El esquema incluyó la compra del 85% de la firma por parte de una persona que ingresó con una identidad distinta, validada en registros mercantiles donde la Cámara de Comercio no verifica la autenticidad de pasaportes. Así, figuras como JC Productions y Mastian Productions aparecen vinculadas a movimientos económicos sin respaldo operativo, señalando la vulnerabilidad de los controles societarios ante el uso de identidades falsas y apoderamientos opacos.
Estrategia pública: conciertos, boletaje y prensa
El modelo operativo combinó la fachada de productora de eventos con una estrategia mediática para legitimar ingresos. Según la investigación, se pagaba por temporadas completas a artistas y se gestionaba la boletería de forma que entradas gratuitas figuraran como compras en cuentas bancarias, un mecanismo clásico de lavado de activos. Paralelamente, se detectó difusión de contenidos favorables en al menos 21 portales latinoamericanos que, según análisis forenses, formaban parte de una red de desinformación. Este entramado permitió la construcción de una reputación pública que servía para blanquear capitales y facilitar relaciones comerciales con terceros.
Conexiones criminales y financieras transnacionales
Los vínculos de Marset con el dirigente paraguayo Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico», y otras figuras, revelan una estructura que operó en varios países. En la operación «A Ultranza Py», la Fiscalía paraguaya incautó 17.340 kilogramos de cocaína relacionados con esa red entre 2026 y 2026, una carga que, de haber llegado a Europa, habría reportado ganancias estimadas en USD 433 millones. Además, el expediente detalla sociedades usadas para integrar actividades inmobiliarias, agropecuarias y de transporte como fachada para el movimiento de fondos del narcotráfico.
Vínculos con organizaciones religiosas y transferencias sospechosas
Parte del esquema habría involucrado a líderes religiosos en operaciones financieras y movimientos de dinero. En los documentos judiciales consta la transferencia de USD 100.000 convertidos a pesos colombianos a una figura religiosa el día siguiente de su salida de Paraguay en diciembre de 2026. Nombres de pastores y convenios con iglesias emergen en chats y registros incautados, lo que sugiere el uso de estructuras religiosas para justificar transacciones y ocultar orígenes ilícitos, según las autoridades y la investigación periodística.
Implicaciones institucionales y cierre provisional
La captura en Bolivia reactiva cuestionamientos sobre la diligencia en registros societarios y la capacidad de los sistemas judiciales para desarticular redes que operan en varios países. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vinculado a Marset con una supuesta junta del narcotráfico que actuaba desde Dubái y Colombia, aunque la Fiscalía colombiana declaró a mediados de 2026 que no existían pruebas concluyentes de algunas acusaciones públicas. Lo cierto es que la detención del 13 de marzo de 2026 permitirá avanzar en la cooperación internacional y en las pesquisas que ya apuntan a sociedades, identidades falsas y canales religiosos como ejes del presunto blanqueo.
El proceso seguirá su curso mientras las autoridades de Paraguay, Colombia, Bolivia y Estados Unidos coordinan diligencias. La historia de Sebastián Marset ilustra la complejidad de perseguir redes transnacionales que combinan el delito tradicional con apariencias legales y apoyo mediático o religioso, y subraya la necesidad de reforzar controles sobre empresas fachada, verificaciones documentales y cooperación judicial internacional.
