En los últimos años el sector asegurador argentino ha visto crecer prácticas fraudulentas vinculadas a siniestros, sobre todo en el ramo automotor. Estas maniobras abarcan desde el autohurto de ruedas y repuestos hasta denuncias por robos totales o siniestros fabricados ad hoc, con el objetivo de cobrar indemnizaciones. El fenómeno se alimentó en parte por condiciones macroeconómicas adversas, con alta inflación y restricciones en importaciones que encarecieron repuestos y llevaron a algunos asegurados a intentar usar la póliza como mecanismo de compensación.
Las cifras que manejan los actores del sector no son menores: alrededor de un tercio de las denuncias en automotores muestran indicios de fraude y el 65% de las investigaciones se concentran en ese ramo. El área metropolitana concentra más del 70% de los casos sospechosos, y esa mayor siniestralidad se traduce en subas de entre 15 y 20% en las primas, además de una carga tributaria que va desde el 26% en la Ciudad de Buenos Aires hasta más del 30% en provincias, por impuestos como Ingresos Brutos y tasas municipales.
Cómo detectan y previenen las aseguradoras
Las compañías combinan procesos tradicionales con herramientas digitales. Entre las prácticas de control se encuentran el cruce de bases de datos para identificar patrones de denuncias repetidas, y la verificación documental de presupuestos de talleres para detectar inflados. Además, muchas utilizan inteligencia artificial multimodal para correlacionar fotos, historiales y geolocalizaciones, y software específico que determina si una imagen fue editada o corresponde a otro vehículo. Sin embargo, las investigaciones tienen costos: cuando el gasto en pruebas supera la indemnización potencial, muchas reclamos sospechosos quedan sin rechazarse formalmente.
Tecnología y límites prácticos
La adopción de geolocalización, alertas tempranas y análisis de frecuencia de siniestros ayuda a priorizar casos, pero no elimina la complejidad legal. Las aseguradoras suelen negarse a pagar cuando se detectan más de dos denuncias sucesivas por supuesto autohurto de ruedas; en esos casos inician acciones penales por estafa. También recurren a peritajes, cotejos con bases policiales y controles meteorológicos satelitales para verificar reclamos por granizo o caída de rayos en hogares y comercios.
Actores, modalidades y ejemplos
En el mapa de los defraudadores conviven dos perfiles: los ocasionales, que simulan choques o lesiones para cobrar una póliza, y las organizaciones profesionales que gestionan altas de pólizas y reclamos falsos, a veces con apoyo de estudios jurídicos, médicos cómplices o proveedores que adulteran presupuestos. El mercado asegurador cubre casi 15 millones de vehículos (7,4 millones de automóviles, pickups y camionetas) y más de 2,4 millones de motos; las indemnizaciones anuales se estiman entre US$ 8000 y 9000 millones, de los cuales la mitad corresponde a automóviles.
Casos reveladores y presencia cultural
La casuística incluye incendios intencionales para cobrar inventarios obsoletos, denuncias por lesiones en lugares distintos a los atendidos por médicos y maniobras para simular robos. Estas historias incluso encontraron eco en el cine con películas protagonizadas por Ricardo Darín que narran entramados de corrupción y estafas vinculadas a seguros. A nivel institucional, la Asociación Argentina de Compañías de Seguros lanzó la campaña “El fraude es un delito, no te conviertas en un delincuente” para concientizar sobre el impacto colectivo de estas prácticas.
Riesgos del trabajo, reformas y expectativas
El ámbito de las ART también concentra tensiones: en 2026 se registraron 134.000 nuevos juicios por accidentes laborales, una tasa de 132,8 demandas cada 10.000 trabajadores, muy por encima de países como Chile (5,8) y España (8,5). La mayoría de esas causas se concentra en Buenos Aires (52.314), CABA (25.325) y Santa Fe (19.787). Aunque una ley de 2017 propuso cuerpos médicos forenses y una tabla única de incapacidad (baremo), solo Mendoza la aplicó en 2026.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), presidida por Mara Bettiol, considera que la ley de modernización laboral ofrece herramientas para frenar abusos: entre las novedades figuran un nuevo esquema de honorarios para peritos sin porcentajes sobre la indemnización, la obligación judicial de acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema, y parámetros técnicos vinculados a los cuerpos médicos forenses para reducir discrecionalidades. Para el sector, estas medidas pueden contribuir a contener reclamos excesivos y disminuir costos que terminan trasladándose a las primas.
