La conmemoración del 24 de marzo de 1976 vuelve una y otra vez a poner sobre la mesa la relación entre memoria histórica y poder político. Tras el secuestro del Estado entre 1976 y 1983, la sociedad argentina creó símbolos y prácticas de recuerdo que han resistido décadas: la movilización en la Plaza de Mayo, los pañuelos blancos y la consigna nunca más. Sin embargo, ese legado no ha permanecido inmune a la disputa partidaria ni a la polarización que se ha extendido en las últimas décadas, transformando la conmemoración en un escenario donde conviven el duelo y la instrumentación política.
En el centro de esta narrativa siguen las organizaciones de familiares, como las Madres de Plaza de Mayo, que durante 50 años han pedido verdad y justicia. Figuras como Taty Almeida, que aún hoy reclama respuestas sobre su hijo Alejandro —ella misma tiene 95 años— personifican la urgencia de que la búsqueda no cese. Almeida ha dicho que no renuncia a encontrar rastros de su hijo: «no quiero irme sin al menos tocar los huesos de Alejandro», una frase que sintetiza el anhelo por verdad y restitución frente al paso del tiempo y las decisiones de los gobiernos actuales.
La memoria en disputa
La apropiación de las causas vinculadas a los derechos humanos se ha convertido en un arma de doble filo: al mismo tiempo que permitió avances judiciales y reparaciones, también fue utilizada por actores políticos para consolidar proyectos de poder. Durante gobiernos anteriores se impulsaron juicios por delitos de lesa humanidad y se fortaleció la presencia pública de organizaciones de memoria; no obstante, la mezcla entre política partidaria y reparaciones alimentó críticas y recelos que hoy reaparecen. El fenómeno conocido como la grieta recalca cómo una misma causa puede ser reivindicada o desprestigiada según quién la enarbole.
El valor histórico de un juicio
El juicio contra la junta militar, con la intervención de fiscales como Julio César Strassera, marcó un antes y un después en la construcción de la memoria colectiva. En sus alegatos se afirmó que «el sadismo no es una ideología política ni una estrategia de guerra, sino una perversión moral», una sentencia que condensó el repudio a la tortura y al exterminio como prácticas del Estado. Ese discurso alimentó el reclamo por justicia y recelo frente a cualquier política de olvido o amnistía, sosteniendo la idea de que la paz debe asentarse sobre la memoria y el castigo de los responsables.
Dos narrativas políticas
En las últimas conmemoraciones se observaron fuerzas políticas que intentaron capitalizar el acto: algunos sectores señalaron al pasado como advertencia contra determinadas corrientes, mientras que otros pusieron el foco en víctimas de grupos armados de izquierda para relativizar la responsabilidad estatal. La administración actual ha sido señalada por críticos por promover una versión que relativiza los crímenes y por canalizar recursos según prioridades distintas a las de la búsqueda de verdad. En paralelo, voces negacionistas o revisionistas alimentan un debate que tensiona el sentido del recuerdo.
De la política al relato público
La disputa no es solo retórica: las campañas oficiales, los videos y las plataformas digitales contribuyen a fragmentar la información y a presentar hechos históricos desde ópticas contrapuestas. El resultado es una ciudadanía dividida sobre qué significa conmemorar y cómo aplicar las lecciones del pasado en políticas públicas. Esta batalla por el relato pone en riesgo el consenso básico que permitió, en otros tiempos, consolidar procesos judiciales y reparaciones en favor de las víctimas.
Periodismo, sociedad y futuro
El declive de la confianza en los medios amplifica la sensación de desorientación. El periodismo que acompañó a las familias durante la dictadura —con editores como Robert Cox y reportes sobre centros clandestinos como El Olimpo— representó un ejercicio de valentía que hoy cuesta replicar en un escenario de precariedad y polarización. Casos de desapariciones que llegaron a la prensa internacional y la presión de familiares ayudaron a rescatar a víctimas; esa historia profesional es un ejemplo de compromiso que debería inspirar la recuperación del oficio.
Qué está en juego
La preservación de la memoria y la defensa de la democracia dependen de la capacidad de la sociedad para separar la reivindicación legítima de los muertos y desaparecidos de la utilización partidaria de esa demanda. Mantener vivas prácticas de memoria, financiar la búsqueda y sostener juicios es garantizar que la frase nunca más no sea un eslogan vacío. Recuperar la confianza en las instituciones, en el periodismo y en los procesos judiciales es la apuesta que define el futuro del país y la dignidad de las familias que aún esperan respuestas.
