El reciente fallo judicial que restringe la capacidad del Ejecutivo estadounidense para imponer aranceles amplios ha cambiado el tablero comercial y económico. Tras la decisión de la Corte Suprema, que cuestionó la aplicación de la IEEPA por parte del presidente, el gobierno respondió con una nueva orden que eleva algunos gravámenes al 15%. Este vaivén legal y político no es sólo técnico: tiene efectos directos en precios, cadenas de suministro y en la vida cotidiana de las familias.
En este texto explicamos por qué la decisión judicial es relevante, qué significan los nuevos anuncios presidenciales y quién termina asumiendo el costo real de los aranceles. Para entenderlo conviene distinguir entre la autoridad legal utilizada, la tasa nominal de impuesto y la incidencia arancelaria, es decir, cómo se reparte el costo entre exportadores extranjeros y consumidores o empresas en Estados Unidos.
El fallo de la Corte Suprema y sus límites
La Corte Suprema declaró ilegales los aranceles impuestos bajo la IEEPA, argumentando un uso indebido de esa norma para establecer gravámenes de carácter amplio y político. Ese pronunciamiento devolvió al debate público la separación de poderes y la legalidad de imponer barreras comerciales mediante decretos ejecutivos. Aun así, y pese al revés judicial, la Administración anunció nuevas medidas que, bajo otras facultades legales, permiten un margen limitado: incrementos hasta el 15% por períodos restringidos. La consecuencia inmediata es una mayor incertidumbre sobre la permanencia y el alcance de los aranceles.
Respuesta ejecutiva y reacciones internacionales
Tras el dictamen, la Casa Blanca comunicó un aumento de la tarifa base al 15% para ciertas importaciones, medida que fue presentada como «legalmente autorizada» por otras secciones de la normativa comercial. Esa respuesta técnica no calmó a gobiernos y mercados: la Unión Europea, China y aliados tradicionales reaccionaron con una mezcla de cautela y rechazo, y en Europa se anunció la búsqueda de una postura conjunta. Líderes como Emmanuel Macron y responsables de la Unión Europea destacaron la importancia de las instituciones y mostraron interés en coordinar una respuesta diplomática frente a los efectos sobre el comercio.
Quién paga realmente los aranceles
Los datos empíricos apuntan a una conclusión contundente: la mayor parte de la carga recae sobre los habitantes y empresas de Estados Unidos. Investigaciones de instituciones económicas han mostrado que entre 2026 y 2026 la tasa arancelaria efectiva aumentó significativamente y que, en la práctica, los precios al consumidor absorbieron la mayor parte del golpe. En muchas importaciones, el aumento legal difiere del aumento efectivo por exenciones y ajustes en las decisiones de compra. Sin embargo, cuando existe transmisión de precios, los hogares ven incrementos en artículos cotidianos como alimentos, electrónica, ropa y calzado.
Incidencia y ejemplo práctico
La incidencia arancelaria se refiere a cómo se reparte el sobrecosto entre exportador y comprador. Si un producto cuesta 100 dólares y se añade un arancel del 25%, el comprador estadounidense terminará pagando la mayor parte si el exportador no absorbe la diferencia. Estudios muestran que en varios periodos recientes entre el 86% y el 94% del coste fue trasladado a los precios internos, lo que convierte a las medidas proteccionistas en impuestos indirectos para las familias.
Impacto en cadenas de suministro y sectores beneficiados
La escalada arancelaria aceleró cambios en las redes de suministro global: países como México y Vietnam ganaron participación frente a proveedores tradicionales. Empresas de retail y tecnología, así como grandes cadenas de distribución, podrían beneficiarse si se eliminan o se reembolsan gravámenes, mientras que sectores dependientes de importaciones caras afrontan márgenes comprimidos. Además, la suspensión y revisión de códigos arancelarios abrió la puerta a reclamaciones por reembolsos de montos recaudados bajo la normativa cuestionada.
Escenarios futuros
El escenario inmediato está marcado por la incertidumbre jurídica y por la probable continuidad de algunos gravámenes bajo otras autoridades legales, además de la existencia de secciones como la 232 y la 301 que siguen vigentes. En lo económico, la perspectiva de precios más altos durante meses o años aumenta el riesgo de ralentización del consumo y puede influir en el crecimiento. En lo político, la limitación del uso de aranceles con fines geopolíticos reduce una herramienta de presión internacional, lo que reconfigura la negociación con socios comerciales.
La clave para empresas, gobiernos y hogares será adaptarse a reglas más claras y a una mayor coordinación internacional para mitigar impactos económicos y evitar nuevas sorpresas regulatorias.
