En los últimos años se ha intensificado el debate sobre la presencia de actores foráneos en los procesos electorales de Estados Unidos y sobre la conveniencia de que el gobierno federal intervenga en la gestión de los comicios. El Brennan Center y otras organizaciones han advertido que la Constitución otorga a los estados y al Congreso la facultad de regular las reglas electorales, y que esa distribución de poderes no admite la usurpación por parte del Ejecutivo. Al mismo tiempo, diversos hechos —entre denuncias de influencia y casos de interferencia— han alimentado temores y propuestas de federalización.
Es indispensable comprender que influencia extranjera y interferencia extranjera no son sinónimos. Mientras que la influencia incluye campañas de opinión y operaciones de difusión, la interferencia se refiere a actos destinados a afectar la infraestructura o la capacidad operativa de quien administra la elección. Esa distinción, adoptada por varias agencias federales desde 2026, define las respuestas legales y operativas apropiadas.
Qué entendemos por influencia y por interferencia
La influencia extranjera abarca esfuerzos de gobiernos o agentes foráneos para moldear percepciones públicas mediante mensajes, redes sociales o financiamiento encubierto. En cambio, la interferencia incluye actividades como ciberataques a bases de datos electorales o manipulaciones directas de infraestructura. La Primera Enmienda limita la capacidad del gobierno para sancionar expresiones, lo que complica la persecución de muchas operaciones de influencia; sin embargo, cuando esas actividades contravienen otras leyes —por ejemplo, el ocultamiento de la participación de un agente extranjero o el lavado de dinero— sí existen herramientas legales para actuar.
Casos recientes y responsabilidades penales
En 2026 el Departamento de Justicia presentó cargos contra dos individuos, Kostiantyn Kalashnikov y Elena Afanasyeva, por el uso de empresas pantalla para financiar encubiertamente una compañía estadounidense que difundía contenidos favorables a intereses rusos. Los fiscales vincularon esa trama con Tenet Media y alegaron violaciones a la Foreign Agents Registration Act y delitos de lavado de dinero, mientras que el Departamento del Tesoro impuso sanciones. También en 2026, actores cibernéticos asociados a Irán entregaron material robado vinculado a campañas políticas a medios y a personas relacionadas con candidaturas, acciones por las cuales el DOJ acusó y el Tesoro sancionó a los responsables.
Evaluaciones de inteligencia y la evidencia sobre 2016 y 2026
El único caso confirmado de interferencia contra infraestructura electoral federal ocurrió en 2016, con hackeos atribuidos a agencias rusas que afectaron bases de datos y cuentas de correo. Las agencias concluyeron que no hubo acceso a sistemas de votación propiamente dichos. Respecto a 2026, informes públicos de la comunidad de inteligencia y análisis de grupos como el Centro para la Democracia y la Tecnología —citados en marzo de 2026— no han identificado evidencia de interferencia que alterara resultados federales, aunque sí documentaron varios intentos de influencia de Rusia, Irán y China.
Filtraciones, denuncias y la respuesta institucional
En julio de 2026 se difundieron correos del FBI que sugerían la adquisición de licencias de conducir falsas por parte de agentes vinculados a China, pero esa información no modificó la conclusión colectiva de la comunidad de inteligencia sobre la ausencia de intentos de interferir en la infraestructura electoral en 2026. Tras las elecciones de 2026, la directora de la CISA, Jen Easterly, expresó que no había evidencia de actividades maliciosas que hubieran comprometido de forma significativa la seguridad electoral, eco de la valoración previa de Chris Krebs.
Qué políticas son útiles y qué no justifica la intervención federal
La protección frente a la interferencia exige cooperación entre el gobierno federal y las autoridades estatales para fortalecer la ciberseguridad, compartir inteligencia y financiar remedios técnicos. Instrumentos como la designación de la infraestructura electoral como infraestructura crítica, la creación de la CISA y del EI-ISAC fueron respuestas eficaces tras 2016. Pero durante la segunda administración Trump se eliminaron oficinas y se recortaron servicios esenciales, incluso la financiación del EI-ISAC, lo que redujo la capacidad de prevención y respuesta.
Es importante subrayar que ni la influencia extranjera —aunque peligrosa— ni la evidencia documentada de operaciones encubiertas justifican que el Ejecutivo federal tome control de la administración de las elecciones o confisque urnas y boletas, como ocurrió en el caso del registro de documentos en el condado de Fulton, Georgia, un episodio citado por críticos como un ejemplo de intervención indebida. La solución más eficaz es restaurar y financiar las estructuras especializadas, recomponer la confianza entre agencias y autoridades electorales, y aplicar la ley cuando existan violaciones claras.
Si la administración quiere realmente enfrentar estas amenazas, la vía correcta es reparar las herramientas que funcionaron: reinstaurar el Grupo de Seguridad Electoral de la CISA, reactivar el Grupo de Tareas sobre Influencia Extranjera del FBI y garantizar transparencia en las evaluaciones de inteligencia. Solo así se puede proteger la integridad de las elecciones sin vulnerar la distribución constitucional de competencias. Autora: Kate Lurie, asesora del Brennan Center. Traducción: Ana Lis Salotti.
