INEGI publicó el Sistema de Información de Derechos Sociales (SDIS) que analiza el periodo 2016-2026 y ofrece una radiografía distinta a la de los indicadores macroeconómicos. En lugar de centrarse en el crecimiento del PIB, el estudio emplea 53 indicadores de acceso efectivo y 81 indicadores de brechas de desigualdad que miden salud, educación, vivienda, alimentación y seguridad social para evaluar el bienestar real de la población.
El informe llega después de la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) por decisión del Congreso y supone la primera vez que INEGI asume esta tarea con la intención de suministrar evidencia que oriente la política pública. Los resultados son mixtos: avances en varios rubros y desigualdades territoriales que no se han disipado.
Progresos destacados: educación, vivienda y alimentación
En materia educativa, el SDIS registra que el 81.4% de la población no presenta rezago educativo en 2026. Un dato llamativo es que el acceso a herramientas básicas para el estudio en casa —como electricidad, televisión e Internet— alcanzó el 70.2% entre estudiantes de 3 a 17 años, lo que representa un incremento de 33.5 puntos porcentuales respecto a 2016. Ese salto refleja mejoras en la conectividad y en las condiciones para el aprendizaje, aunque no elimina las disparidades por entidad.
En vivienda, 92.1% de la población reportó ausencia de carencia en calidad y espacio, y 85.9% declaró contar con servicios básicos en 2026. No obstante, el acceso al agua dentro del hogar descendió a 53.4% desde 54.8% en 2016, una señal de que ciertas necesidades fundamentales siguen siendo frágiles en distintas regiones.
Respecto a la alimentación, el porcentaje de personas sin carencia por acceso a alimentos nutritivos y de calidad creció a 85.6% en 2026 frente a 78.1% en 2016. Además, 69.4% de los hogares registraron seguridad alimentaria con dieta diversa en 2026, lo que indica avances en disponibilidad y variedad de alimentos.
Donde las mejoras no alcanzan: la salud y la geografía de la desigualdad
Aunque 93.3% de la población puede llegar a un hospital en menos de dos horas en caso de emergencia, la cifra oculta diferencias importantes: en entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas la cobertura territorial disminuye de forma sensible. En términos generales, el porcentaje de personas sin carencias en acceso a servicios de salud cayó de 84.4% en 2016 a 65.8% en 2026, lo que revela un retroceso en la percepción o disponibilidad efectiva de atención sanitaria.
El informe también muestra una brecha urbano-rural pronunciada entre adultos mayores: apenas 46.5% en áreas urbanas combinan acceso a salud y suficiencia de ingresos, mientras que en zonas rurales esa proporción baja a 16.3%. Estas cifras subrayan que la proximidad geográfica a servicios críticos y la calidad del empleo influyen decisivamente en el bienestar.
Brechas por región y grupos poblacionales
El análisis por entidad revela que, pese a las políticas públicas dirigidas al sur del país, estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca continúan entre los más rezagados en múltiples indicadores. Otros estados con deficiencias significativas en acceso al agua y servicios son Baja California Sur, Morelos, Puebla y Tabasco.
Al mirar grupos específicos, el SDIS expone desigualdades profundas: por ejemplo, menores en pobreza extrema consumen frutas y verduras a diario en porcentajes muy inferiores a los de la población no vulnerable; las mujeres indígenas presentan tasas de analfabetismo marcadamente superiores; y la casi ausencia de cotización a la seguridad social entre mujeres indígenas adultas mayores en zonas rurales evidencia exclusiones estructurales.
Implicaciones para la política pública y próximos pasos
Los resultados del SDIS no invalidan los programas sociales ni niegan avances medibles —como el aumento de pensiones y la mejora en acceso a herramientas educativas—, pero ponen en evidencia que las transferencias monetarias y los apoyos sociales por sí solos no resuelven déficits de infraestructura, empleo formal y servicios básicos. La desigualdad territorial tiene raíces históricas: dispersión poblacional, limitación de inversión y mercados laborales informales que requieren intervenciones integrales.
Para cerrar las brechas señaladas por INEGI se requiere combinar políticas focalizadas con inversión en infraestructura sanitaria, agua potable, educación conectada y creación de empleo formal. Solo así podrá evitarse que el lugar de nacimiento determine el acceso efectivo a derechos como la salud, la vivienda y la educación.
Conclusión
El SDIS 2016-2026 ofrece una fotografía con luces y sombras: mejoras en varios indicadores sociales, pero persistencia de desigualdades geográficas y sociales que exigen respuestas de largo plazo. La evidencia recopilada por INEGI debe servir como instrumento para diseñar políticas públicas más integrales y sostenibles que reduzcan las brechas entre regiones y grupos poblacionales.
