En torno al recuerdo del golpe del 24 de marzo de 1976 y a cinco décadas de aquel quiebre, las causas por delitos de lesa humanidad mantienen su curso aunque con ritmos y obstáculos que preocupan a víctimas y operadores judiciales. El informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, publicado en diciembre de 2026, reúne datos que ilustran tanto los avances como las trabas en el camino hacia la memoria, verdad y justicia.
Los números reflejan una historia a medias: desde la reapertura de causas en 2006 se registraron 1.208 condenas y 247 absoluciones en 357 sentencias, pero aún hay centenares de procesos en curso y plazos que se alargan. Al mismo tiempo, el debate público y las decisiones administrativas han modificado el entorno institucional en el que operan los fiscales, jueces y organizaciones de derechos humanos.
Estado actual de las causas
Según el reporte de diciembre de 2026, existen 706 investigaciones abiertas que involucran a 3.875 personas; de ese total, 1.565 imputados afrontan procesos en libertad y 515 permanecen detenidos, en su mayoría con prisión domiciliaria. Además, 33 son prófugos y 1.762 acusados han fallecido, entre ellos 1.252 que murieron antes de recibir una sentencia. Estos datos subrayan el riesgo real de que muchos responsables no lleguen a ser juzgados en vida.
Cifras, sentencias y tiempos procesales
En 2026 se dictaron 19 sentencias con fallos iniciales para 60 personas: nueve condenas (menos que las 16 de 2026) y 51 absoluciones. Casos de alto perfil, como el juicio conocido como «La Huerta» en Mar del Plata y el expediente «Pellegrini» en Rosario, explicaron buena parte de estos resultados. Hay 349 investigaciones a la espera de una sentencia y 12 juicios en trámite al 1 de diciembre de 2026, cifra que representa cinco procesos menos que en diciembre de 2026.
Plazos y recursos
La lentitud procesal es una constante: el recorrido medio desde el envío a juicio hasta la primera sentencia es de seis años y dos meses, y luego se requieren en promedio cuatro años y dos meses para que la Corte Suprema emita una resolución definitiva. Hasta ahora 146 fallos alcanzaron firmeza mientras 183 permanecen en apelación en al menos un punto, lo que alarga la espera para las víctimas y familiares.
Delitos, detenciones y espacios simbólicos
Un elemento resaltado por la procuraduría es el tratamiento de los episodios de violencia sexual como parte central de los crímenes de lesa humanidad. Desde 2006, 59 sentencias abordaron delitos sexuales que afectaron a 264 víctimas (224 mujeres y 40 hombres); 170 condenados -aproximadamente el 12 por ciento del total- recibieron penas vinculadas a violencia sexual, mientras 35 fueron absueltos en esas causas.
Detenciones y el caso Campo de Mayo
La gran mayoría de los condenados están en prisión domiciliaria, aunque 62 personas permanecen en el predio del Campo de Mayo, sitio que durante la dictadura funcionó como espacio clave de represión y que hoy genera polémica por su uso como lugar de detención. La procuraduría advierte que su emplazamiento y gestión lo diferencian de otras cárceles y simbolizan las tensiones entre el poder militar y el proceso judicial.
Presiones políticas y percepción social
Desde su llegada al poder en diciembre de 2026, el presidente Javier Milei cuestionó políticas de derechos humanos y la cifra de 30.000 desaparecidos, además de ejecutar cambios en cargos y recortes presupuestarios que, según críticos, pueden retrasar investigaciones. Organizaciones de la sociedad civil respondieron con demandas judiciales, como la presentación en 2026 para frenar el desmantelamiento de una unidad especializada en archivos militares.
Relaciones con las Fuerzas Armadas
Informes y notas periodísticas señalaron la supuesta intervención de mandos castrenses en campañas públicas contra los juicios; se mencionó la influencia del jefe del Ejército y declaraciones de su equipo, que minimizaron las causas y priorizaron otros delitos como el narcotráfico. Estas intervenciones alimentan la preocupación sobre posibles presiones institucionales sobre la independencia del proceso judicial.
Opinión pública
El estudio conjunto de Pulsar.UBA y CELS, realizado en octubre de 2026 con 1.136 encuestados, muestra que la mayoría de la población mantiene una visión negativa del último régimen militar: 45% lo calificó como «muy malo» y 25% como «malo», mientras 61% lo describe como un plan sistemático de desapariciones y violaciones a los derechos humanos. Además, 63% considera que hubo pocas o ninguna razón que justificara el golpe.
Conclusión y próximos pasos
Frente a este mapa complejo, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sostiene que la investigación y la persecución penal continúan y que el proceso está lejos de concluir. La titular del área, María Ángeles Ramos, enfatiza que la tarea es extensa y permanece activa, a pesar de las dificultades políticas, administrativas y del paso del tiempo que amenaza con cerrar vías de rendición de cuentas.
En conjunto, los datos oficiales, las decisiones gubernamentales y la opinión social dibujan un escenario en el que la búsqueda de memoria, verdad y justicia sigue siendo un desafío central para la democracia argentina.
