El 26 de marzo de 2026 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que rechaza de plano cualquier intento de conceder un indulto a Mario Aburto Martínez, único condenado por el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. En su comunicado la CNDH advirtió sobre las presiones que buscan dar carpetazo al expediente y subrayó que un perdón impediría el esclarecimiento completo de los hechos, afectando el derecho de la sociedad a conocer la verdad.
La postura pública de la Comisión responde, entre otros factores, a solicitudes recientes que plantearon alternativas para cerrar el caso, y apela expresamente a las conclusiones contenidas en la Recomendación 48VG/2026. El organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra reclama que se privilegie el acceso a la justicia para la víctima y su familia en lugar de adoptar soluciones que podrían silenciar pruebas o encubrir responsabilidades.
Por qué la CNDH considera que el indulto es perjudicial
La CNDH argumenta que otorgar un indulto sería equivalente a cerrar una vía esencial para la investigación y que además constituiría un atropello al derecho a la verdad de la ciudadanía. En su pronunciamiento el organismo recuerda que la Recomendación 48VG/2026 documentó irregularidades graves en el proceso y acreditó la existencia de tortura y tratos inhumanos durante la detención de Aburto. Según la Comisión, aceptar un perdón antes de agotar todas las líneas de investigación implicaría normalizar prácticas que ya dañaron la confianza en las indagatorias originales de 1994.
Irregularidades documentadas y líneas de investigación pendientes
Tortura y manipulación de pruebas
Entre los hallazgos plasmados en la Recomendación 48VG/2026 se señala la existencia de actos de tortura y la potencial manipulación u ocultamiento de pruebas por parte de autoridades. La CNDH solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a los funcionarios responsables de esas irregularidades, pues el esclarecimiento forense y procesal depende de que se reconstruyan con rigor las cadenas de custodia y se verifiquen declaraciones y peritajes que en su momento fueron cuestionados.
Posible participación de terceros y elementos sin resolver
La Comisión también advirtió sobre la necesidad de profundizar en otras líneas de investigación, incluida la posible participación de personas distintas al condenado. En ese sentido, la CNDH subrayó la relevancia de revisar la situación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del CISEN detenido desde el 9 de noviembre de 2026, y de todas las evidencias vinculadas al entorno del magnicidio ocurrido el 23 de marzo de 1994. Para el organismo, despejar la eventual implicación de terceros es esencial para una resolución integral del caso.
Demandas a los poderes judicial y penitenciario y pasos siguientes
La Comisión dirige un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que en el amparo presentado por Aburto tome en cuenta los hallazgos de la Recomendación y oriente sus decisiones hacia el acceso a la justicia. Asimismo, exigió a las autoridades penitenciarias garantizar condiciones dignas en el CEFERESO donde se encuentra el recluido y consideró pertinente el traslado al Centro de Readaptación Social «El Hongo» para facilitar visitas familiares, medida que aún no se ha cumplido. La CNDH recuerda que el propio Aburto ha manifestado su interés en limpiar su nombre dentro del proceso judicial y no ha solicitado el indulto ni optado por beneficios preliberacionales.
En síntesis, la CNDH insiste en que cualquier salida rápida, incluido un indulto, sería inadecuada mientras persistan dudas y pruebas pendientes. La Comisión plantea que la investigación debe agotarse con independencia de intereses políticos o de conveniencia, y que sólo así podrá garantizarse tanto el respeto a los derechos humanos como el acceso a la verdad que reclama la sociedad mexicana en torno al magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
