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Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha solicitado al presidente colombiano, Gustavo Petro, que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la posible conexión entre funcionarios gubernamentales y las disidencias de las FARC. Esta petición se produce en medio de reportes que sugieren la implicación de altos mandos del ejército en actividades irregulares junto a estos grupos armados.
La situación ha cobrado mayor relevancia tras la difusión de información que involucra a oficiales del ejército, entre ellos el general Juan Miguel Huertas, en un posible complot para establecer una empresa de seguridad que encubriera sus operaciones con disidentes liderados por ‘Calarcá’, cuyo nombre real es Alexánder Mendoza.
Investigaciones forenses en marcha
Ante estas preocupaciones, Gustavo Petro ha ordenado el inicio de una revisión forense de las comunicaciones entre miembros de su administración y los disidentes de las FARC. En una declaración reciente, Petro destacó que las decisiones se tomarán en función de los hallazgos de esta investigación, subrayando la importancia de que la verdad guíe sus acciones.
Contexto de las acusaciones
Las acusaciones surgieron tras la captura de varios miembros del grupo de ‘Calarcá’ en un control rutinario en Antioquia el año pasado. Durante esta operación, las autoridades encontraron evidencias como computadoras y dispositivos móviles que contenían información comprometedora. Entre los mensajes recuperados, se menciona la relación cercana entre el general Huertas y el grupo disidente.
Uno de los archivos más reveladores proviene de un mensaje donde se sugiere la creación de una fachada empresarial para operar legalmente y encubrir actividades ilegales. Este modelo ha sido empleado anteriormente por otros grupos armados en Colombia, lo que añade un contexto alarmante a las acusaciones.
Impacto en la administración de Petro
Las presiones para destituir a Huertas y a Wilmar Mejía, otro funcionario implicado, han aumentado. Sin embargo, Petro ha mostrado reticencia a aceptar la veracidad de los informes. En ocasiones anteriores, ha expresado su escepticismo hacia informaciones que considera manipuladas, especialmente aquellas provenientes de agencias de inteligencia extranjeras.
Reacciones y consecuencias políticas
La situación ha desatado un intenso debate político en Colombia, donde la credibilidad de la administración de Petro está en juego. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha sido criticada por la liberación de los capturados en la operación que reveló estas conexiones, lo que ha incrementado la desconfianza hacia las instituciones encargadas de la seguridad del país.
Además, los mensajes recuperados también implican a la vicepresidenta Francia Márquez, sugiriendo su posible participación en financiamientos irregulares durante la campaña presidencial. Esto ha llevado a que la administración de Petro se encuentre bajo un escrutinio aún mayor, lo que podría repercutir en su legitimidad y capacidad para gobernar.
Frente a este panorama, Gustavo Petro ha reafirmado su compromiso de combatir las disidencias de las FARC, aunque ha dejado claro que la continuación del diálogo depende en gran medida de la voluntad de ‘Calarcá’ para colaborar. En sus comunicaciones públicas, ha enfatizado la necesidad de transformar las zonas de cultivo de coca en la región amazónica, buscando un enfoque integral para abordar el conflicto armado en el país.
La presión internacional y las acusaciones internas presentan un desafío significativo para el gobierno de Gustavo Petro. La transparencia y la justicia serán fundamentales para determinar el futuro de su administración y la lucha contra las disidencias guerrilleras en Colombia.
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