El 4 de abril de 2026 la CNDH emitió un pronunciamiento en el que manifestó su desacuerdo con las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) respecto a México. En su comunicado, la comisión consideró que la decisión de solicitar al secretario general que remita con urgencia el caso mexicano a la Asamblea General se basa en una lectura parcial y exenta de “perspectiva histórica e internacional”. Además, criticó que el Comité haya privilegiado aportes de organizaciones civiles sobre los informes y acciones del Estado mexicano en los últimos años.
La CNDH subrayó que antes de impulsar medidas multilaterales debieron agotarse los recursos y procedimientos previstos por la convención internacional, y señaló la importancia de respetar los artículos que regulan la intervención externa. La comisión insistió en que la atención a estos asuntos requiere distinguir entre hechos históricos y la situación actual, reclamando que no se equiparen periodos pasados con la presente gestión institucional.
Argumentos centrales de la CNDH
En su postura pública, la CNDH defendió el trabajo realizado por las instituciones mexicanas, destacando supuestos esfuerzos financieros y presupuestales desplegados en los últimos siete años. El organismo reprochó que el CED haya dado prioridad a informes de colectivos y ONG, como el Centro Prodh, que según la comisión presentan una visión sesgada. La CNDH afirmó que la cooperación internacional solo sería legítima tras el agotamiento de instancias nacionales y advirtió sobre riesgos de replicar modelos externos que en su juicio no han mostrado eficacia en el pasado.
Contexto histórico y contradicciones señaladas
La comisión recordó que, por su definición, la desaparición forzada entendida como política de Estado corresponde a episodios concretos del pasado, como la denominada Guerra Sucia (1951-1990) y la guerra contra el narcotráfico (2006-2012). A partir de esa lectura, la CNDH afirmó que actualmente no existe una política federal deliberada para desaparecer personas, y puso en evidencia lo que considera una contradicción en el actuar del CED: por un lado, reconocer vínculos entre estrategias militarizadas y violaciones de derechos humanos, y por otro, negar indicios suficientes para equiparar ese enfoque con una política intencional de desapariciones.
El caso de altos funcionarios
Como ejemplo de la complejidad del periodo, la CNDH recordó la sentencia en Nueva York contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, por vínculos con el crimen organizado. La comisión sostuvo que omitir ese tipo de antecedente en el análisis internacional distorsiona el panorama y simplifica realidades donde confluyen responsabilidades institucionales y criminalidad organizada. Para la CNDH, este tipo de matices debieron ser considerados por el CED antes de recomendar medidas drásticas.
Medidas, recomendaciones y reacciones
La CNDH detalló que, en su gestión actual, ha emitido diversas recomendaciones relacionadas con desapariciones ocurridas en distintos periodos y que ha trabajado en la ordenación de búsquedas y el fortalecimiento de instancias encargadas de localizar víctimas. Al mismo tiempo rechazó propuestas del CED relativas a cooperación técnica y apoyo financiero que, según la comisión, replicarían esquemas externos que no ofrecieron soluciones sustanciales anteriormente. La postura institucional fue acompañada de críticas hacia organizaciones que, dijo, habrían politizado o lucrado con el tema.
Respuestas de la comunidad internacional y civil
Tras el pronunciamiento de la CNDH, distintos actores reaccionaron: el Gobierno federal había tachado previamente el informe del CED de tendencioso, mientras que organizaciones como Amnistía Internacional celebraron la decisión del Comité y exigieron aceptar la cooperación internacional. El debate sigue abierto entre quienes piden mecanismos externos de esclarecimiento y quienes defienden la primacía de soluciones internas, e incluso discuten la conveniencia y eficacia de acciones multilaterales frente a una crisis que afecta a numerosas familias.
