En una reciente conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó la controversia en torno a la nueva legislación sobre el agua en el país. Este encuentro se llevó a cabo en un contexto marcado por protestas de agricultores y camioneros, quienes han bloqueado carreteras en diversas regiones para que se atiendan sus demandas. Mientras los camioneros exigen mayor seguridad en las rutas, los agricultores piden aumentos en los precios de compra garantizados para sus productos.
Uno de los principales puntos de conflicto radica en la propuesta de reforma que, según los agricultores, amenaza su derecho a transferir, heredar y legar concesiones de agua. Para arrojar luz sobre estos temas, Sheinbaum invitó al director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, a explicar la dirección que tomará el gobierno en la nueva legislación.
Propuestas de la reforma hídrica
Morales enfatizó que el cambio más significativo en la legislación propuesta es el reconocimiento del agua como un derecho humano y un recurso estratégico para el desarrollo del país. Con esta reforma, el gobierno mexicano sería la única entidad responsable de emitir concesiones de agua. Esta medida busca prevenir la desigualdad que ha surgido de la transferencia de títulos de concesión entre particulares.
En este sentido, se mantendrán los derechos de herencia de las concesiones de agua, lo que permite que los agricultores puedan legar estos derechos a sus descendientes. Sin embargo, si la propiedad cambia de uso, por ejemplo, de agrícola a industrial, el nuevo propietario deberá solicitar una nueva concesión a Conagua, lo que podría complicar el panorama para algunos.
Reacción de los agricultores
Los agricultores han expresado su preocupación por cómo estas reformas podrían afectar sus ingresos y derechos. A raíz de esto, han organizado protestas, solicitando un aumento en el precio de compra garantizado del maíz, que consideran insuficiente para cubrir sus costos. Actualmente, el gobierno ha establecido un precio de 5,840 pesos por tonelada, pero los productores exigen que se eleve a 7,200 pesos.
Sheinbaum, en respuesta a estas demandas, ha indicado que el gobierno está comprometido a apoyar a los pequeños productores, aunque ha señalado que los recursos son limitados. En un esfuerzo por ayudar a los agricultores, se han implementado subsidios directos en varias regiones, aunque muchos sienten que estas medidas son insuficientes.
El debate en torno a la reforma
En medio de las protestas, la presidenta Sheinbaum reconoció que la legislación podría contener errores y que está abierta a realizar modificaciones. Sin embargo, insistió en que los derechos de herencia para los ejidatarios se mantendrán, desmintiendo rumores sobre la imposibilidad de legar concesiones de agua.
Por otro lado, Morales mencionó que la reforma también abordará el problema del acaparamiento de agua y se establecerán sanciones más severas para quienes incurran en este delito. Además, se planea crear una reserva nacional de agua, que beneficiará especialmente a comunidades indígenas y aquellas que carecen de concesiones adecuadas.
Perspectivas futuras
La propuesta de reforma hídrica tiene como objetivo organizar el sistema de concesiones que ha existido durante décadas en México. Sheinbaum mencionó que muchos permisos de uso de agua están en manos de agricultores y empresas que no están utilizando el recurso de manera efectiva, lo que impide que otros lo hagan.
Esta situación ha llevado a la presidenta a considerar un cambio en la manera en que se manejan las concesiones, buscando un equilibrio entre el desarrollo industrial y la protección de los derechos de los agricultores. La legislación tiene el potencial de transformar la gestión del agua en el país, pero su éxito dependerá de un diálogo efectivo entre el gobierno, los productores y la sociedad civil.
