En un acontecimiento sin precedentes, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó la entrega directa de recursos públicos a comunidades indígenas y afromexicanas en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Este momento histórico marca un giro significativo en la relación del gobierno con los pueblos originarios, reconociéndolos como sujetos de derecho público con la autonomía necesaria para gestionar sus propios fondos.
Un cambio en la gestión de recursos
Durante una asamblea celebrada en este municipio, Sheinbaum enfatizó que, gracias a la reforma del Artículo 2° constitucional impulsada por el actual gobierno, los pueblos ahora tienen la capacidad de decidir cómo utilizar estos recursos sin la intervención de intermediarios. “Antes, los recursos llegaban a través de terceros; hoy, son las comunidades quienes deciden su uso en asamblea”, afirmó la presidenta. Este nuevo modelo busca acabar con siglos de exclusión y empoderar a los pueblos originarios.
Inversiones significativas para Tlaxcala
En total, se destinarán 13 mil millones de pesos a nivel nacional en 2025, de los cuales 39 millones serán para Tlaxcala. En la comunidad de San Isidro Buen Suceso, se asignaron 8.6 millones de pesos para construir una unidad deportiva, un proyecto que fue aprobado por consenso entre los habitantes. Este enfoque participativo es clave para asegurar que las inversiones respondan a las necesidades locales.
Reconocimiento y justicia social
Sheinbaum destacó que esta iniciativa es parte de la Cuarta Transformación que busca otorgar personalidad jurídica y patrimonio propio a las comunidades. “Sólo la Cuarta Transformación pudo lograr que los pueblos tengan este reconocimiento”, subrayó. Además, mencionó el próximo nombramiento de Hugo Aguilar Ortiz, un indígena mixteco, como presidente de la Suprema Corte, señalando que desde Benito Juárez no se había visto un líder judicial de origen indígena. “Es parte de esta revolución de las conciencias”, comentó.
Retos y exigencias de las comunidades
A pesar de los avances, organizaciones como el Consejo Nacional Indígena han manifestado la necesidad de ampliar los fondos y garantizar su llegada sin condicionamientos políticos. Algunas comunidades enfrentan todavía desafíos técnicos para manejar presupuestos sin contar con estructuras administrativas adecuadas. Este escenario presenta un desafío que debe ser atendido para asegurar que la autonomía y los nuevos recursos realmente beneficien a los pueblos.
Un futuro incierto pero esperanzador
La entrega de estos recursos es solo el inicio de un proceso que promete transformar la relación entre el Estado y las comunidades indígenas. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es: ¿serán capaces estas comunidades de gestionar de manera efectiva los recursos que ahora tienen a su disposición? La respuesta a esta interrogante podría definir el éxito de esta nueva política pública. La historia está en marcha y los ojos están puestos en el próximo capítulo de este cambio radical en México.
