Durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, instó a los gobernadores de los 31 estados a respaldar la implementación de una nueva ley federal destinada a combatir la extorsión, un delito en aumento en el país. Esta ley, aprobada en el Senado y la Cámara de Diputados el mes pasado, requiere ahora la ratificación de la mayoría de los congresos estatales para entrar en vigor.
Sheinbaum resaltó que la extorsión es un crimen que no ha disminuido desde su llegada al cargo. “Es un delito que impacta de manera muy sensible a la sociedad”, enfatizó, subrayando la urgencia de armonizar las leyes locales con esta nueva legislación para establecer un marco más sólido en la lucha contra este problema.
Nueva ley y sus implicaciones
La Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión fue aprobada con el objetivo de elevar este delito a la categoría de crimen federal. Esto implica que la Fiscalía General de la República asumirá la responsabilidad de investigar los casos de extorsión de manera activa, sin depender únicamente de las denuncias de las víctimas. Este es un cambio significativo, ya que anteriormente la extorsión era considerada un delito estatal y su persecución estaba condicionada a la denuncia de los afectados.
Un enfoque más solidario
La presidenta enfatizó que el nuevo enfoque no solo busca aliviar la carga sobre las víctimas, sino que también reconoce que la extorsión tiene repercusiones en toda la comunidad. “Es un delito que no solo le ocurre a un individuo, sino que afecta a toda la sociedad”, comentó, instando a todos a colaborar en la erradicación de este flagelo.
Desde julio de este año, el gobierno capitalino ha implementado una Estrategia Nacional contra la Extorsión, siendo esta nueva ley una de las piezas clave de dicha estrategia. A pesar de los esfuerzos realizados, Claudia Sheinbaum ha admitido que la extorsión sigue siendo uno de los mayores desafíos de su administración, a pesar de los logros en la reducción de otros delitos, como los homicidios, que han disminuido en un 37% gracias a la coordinación entre el gobierno federal y las autoridades estatales.
Datos preocupantes sobre la extorsión
Las cifras recientes son alarmantes: mientras que los secuestrados han disminuido en un 58.4% desde 2019 y los robos con violencia han caído un 49%, la extorsión ha aumentado en un 23.1%. Esto evidencia la urgencia de abordar este problema de manera efectiva.
Penalizaciones y consecuencias
La nueva legislación no solo busca unificar la definición de extorsión a nivel nacional, sino que también establece sanciones más severas. Las penas de prisión para los condenados pueden oscilar entre 15 y 25 años, y en casos extremos, hasta 42 años. Además, los funcionarios que no informen sobre delitos de extorsión pueden enfrentar penas de hasta 20 años, mientras que aquellos que faciliten el crimen podrían ser encarcelados hasta por 25 años.
En un desarrollo reciente, el gobierno federal llevó a cabo una operación que resultó en la captura de Édgar Rodríguez, conocido como “El Limones”, junto con cinco cómplices. Este grupo estaba supuestamente vinculado a redes de extorsión operadas por el Cártel de Sinaloa, que habían estado atacando a rancheros y comerciantes en la región de La Laguna, que abarca los estados de Coahuila y Durango.
El Ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, calificó estas detenciones como un golpe directo contra las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión establecida por la administración de Sheinbaum. Este tipo de acciones son esenciales para intentar contener un problema que ha persistido y se ha intensificado a lo largo de los años.
