La decisión de cerrar la sala destinada a los periodistas acreditados en la Casa Rosada y deshabilitar el registro de huellas se puso en práctica el 23 de abril de 2026. La orden fue ejecutada por Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa, luego de una denuncia formal de la Casa Militar por presunto espionaje ilegal a periodistas de la señal Todo Noticias. Desde el inicio de la medida, Lanari se presentó como el único canal de diálogo entre el Gobierno y los reporteros afectados, mientras la administración mantiene que la acción responde a criterios de seguridad del presidente.
Los representantes del Gobierno argumentaron que la decisión fue preventiva y orientada a preservar la seguridad nacional. En su comunicado en redes, Lanari señaló que se procedió a quitar huellas dactilares de los acreditados ante la denuncia de la Casa Militar, y que el fin inmediato fue garantizar la custodia presidencial. La medida, además, llegó en medio de una escalada verbal del presidente Javier Milei contra la cobertura periodística, lo que potenció la polémica y acentuó la tensión entre el Ejecutivo y los medios.
Motivos oficiales y alcance de la medida
Según la versión oficial, la acción se originó después de que la Casa Militar presentara una denuncia penal vinculada a imágenes grabadas dentro del edificio por periodistas de Todo Noticias. El Gobierno sostiene que esa filmación podría constituir un episodio de espionaje ilegal o, en todo caso, una vulneración a los protocolos de seguridad. Por ello se optó por desactivar el acceso biométrico y restringir el ingreso mientras avanza la investigación, una decisión que el Ejecutivo describe como preventiva y temporal.
Qué implican los cambios para la prensa
La suspensión del registro de huellas afectó a cerca de 60 profesionales acreditados que cubren diariamente la agenda presidencial. Para los afectados —los acreditados, es decir, los periodistas con permiso oficial para cubrir la Casa Rosada— la medida implicó perder el acceso cotidiano a la sala de prensa y a los espacios administrativos habituales, lo que obligó a montar una cobertura externa y a discutir medidas legales. Diversos cronistas y organizaciones periodísticas definieron la acción como inédita en la vida democrática reciente del país.
El rol de Javier Lanari dentro del gobierno
Lanari, que ejerció como periodista por más de dos décadas antes de incorporarse al gabinete de La Libertad Avanza, pasó de subsecretario de Prensa a secretario de Comunicación. Es descrito por colegas y fuentes oficiales como una figura de perfil bajo, ahora situada en el foco por haber aplicado una orden superior. En redes, Lanari intentó explicar la medida y distanciarse del núcleo familiar del Presidente, indicando que fue una implementación requerida por la Casa Militar y por la Secretaría General de la Presidencia.
Vínculos personales y antecedentes profesionales
En su trayectoria en medios, Lanari trabajó en canales y radios como Crónica TV, Radio Rivadavia y LN+; además desarrolló relaciones personales con figuras del entorno presidencial, entre ellas Manuel Adorni y Karina Milei. Su amistad con Adorni, excompañero de redacción y ahora jefe de Gabinete, y la confianza que le brindó la familia Milei facilitaron su llegada a la función pública. Pese a ello, fuentes señalan que la decisión del 23 de abril fue orden directa del equipo presidencial y que Lanari tuvo que ejecutarla.
Reacciones y posibles consecuencias
La medida recibió el rechazo de entidades periodísticas, sindicatos y parte de la oposición, que la calificaron de gravedad institucional y anunciaron recursos legales. Organizaciones como ADEPA, FOPEA y sindicatos locales manifestaron preocupación por el impacto sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. Diputados de distintos bloques presentaron notas y algunos acreditados planean acciones judiciales para recuperar el acceso. A su vez, Amnistía Internacional y voces del ámbito internacional expresaron alarma por lo que consideran un deterioro en el ambiente para el ejercicio del periodismo.
Escenario inmediato
En privado, Lanari confía en que la restricción pueda revertirse pronto, aunque admite que la definición final depende de los Hermanos Milei y de la Casa Militar. Mientras tanto, la sala de prensa permanece cerrada y la tensión entre el Ejecutivo y la prensa continúa alimentando el debate público sobre límites, seguridad y transparencia en la gestión gubernamental. La controversia deja abierta la pregunta sobre cómo equilibrar medidas de seguridad y las garantías democráticas del trabajo periodístico.
