Un operativo policial en el departamento de La Guajira derivó en la captura de Luis Alfredo Acuña, identificado como escolta que figura en la nómina del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. El procedimiento se realizó en las inmediaciones del municipio de Hatonuevo y la incautación incluyó 145 millones de pesos en efectivo y propaganda del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador.
Las autoridades estiman que el hallazgo podría estar relacionado con prácticas de compra de votos, motivo por el cual la captura y los elementos incautados fueron objeto de verificación por parte de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP). El hecho se registró el martes 3 de marzo de 2026, a pocos días de las elecciones legislativas.
Detalles del operativo y elementos incautados
Según los reportes oficiales, el escolta se movilizaba en un vehículo particular tipo Toyota Corolla cuando fue interceptado por la fuerza pública. En el interior del vehículo se encontraron el dinero distribuido en varios sobres y material de campaña con la imagen y el nombre de Daniel Restrepo. La suma total reportada por las autoridades asciende a 145 millones de pesos, monto que en algunas crónicas se traduce aproximadamente a 38.000 dólares como referencia.
Distribución del dinero y marcas identificadas
Los efectivos que participaron en el operativo señalaron que los recursos estaban ocultos en el equipaje y organizados en siete sobres diferentes, cada uno con una marcación o nombre. Entre los rótulos identificados por las autoridades aparecen nombres de dirigentes y ediles de la región: Débora Barros, conocida lideresa Wayúu; Kevin Cantillo; Christian Bermúdez; Ghandy R.; Rosa Pacheco; Edwin Solano y la persona identificada como ‘Beba’ Ramírez. La presencia de esas marcas motivó a los investigadores a indagar si se trataba de una estructura destinada a direccionar votos.
Reacciones institucionales y aclaraciones
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó la captura y remarcó que hay una instrucción presidencial para intensificar la persecución de delitos electorales, emitida por el presidente Gustavo Petro. No obstante, la UNP aclaró que el vehículo donde fue hallado el dinero no pertenece a la entidad, lo que desestimó versiones previas que asociaban directamente a la institución con el traslado de los recursos.
Posición del Partido Conservador y del candidato Restrepo
El candidato al Senado Daniel Restrepo rechazó las implicaciones y aseguró que el escolta detenido no forma parte de su esquema de campaña ni de seguridad. En sus declaraciones públicas calificó la captura como un montaje y sostuvo que el dinero y el vehículo son de carácter particular y no guarda relación operacional con su equipo de trabajo. Por su parte, la bancada conservadora emitió un comunicado de rechazo frente a cualquier práctica corrupta y anunció medidas internas desde la veeduría del partido para esclarecer los hechos.
Contexto político y vínculos señalados
En los pasillos del Congreso, el nombre de Jaime Luis Lacouture quedó en el centro del debate debido a que el escolta figura en la nómina del secretario general de la Cámara. Lacouture es originario de La Guajira y está vinculado a sectores conservadores; además, miembros del mismo grupo político, como el senador Carlos Trujillo, aparecen en la conversación pública por su relación con la región y el impulso de candidaturas como la de Restrepo.
Investigación en curso y posibles líneas probatorias
Las autoridades trabajan para establecer si la operación era parte de una estructura para direccionar votos hacia determinadas candidaturas. La Policía y las autoridades electorales analizan la procedencia de los fondos, la vinculación entre los nombres marcados en los sobres y las personas en la región, así como cualquier conexión operativa entre el escolta detenido y actividades de campaña. Hasta el momento, varias de las personas cuyos nombres aparecen en los sobres han negado conocer al escolta o haber recibido recursos.
Implicaciones y siguiente paso
El caso reaviva el debate sobre la transparencia en las contiendas electorales y el control sobre el uso de dinero en zonas rurales y periféricas. Con la captura realizada el 3 de marzo de 2026, faltando pocos días para las jornadas legislativas del 8 de marzo de 2026, las investigaciones buscarán determinar responsabilidades penales y administrativas, mientras las organizaciones políticas y la ciudadanía exigen aclaraciones.
El resultado de esas pesquisas será clave para definir si hubo una estructura destinada a la compra de votos en La Guajira.
