¿Qué pasó y por qué importa? La mañana del 3 de marzo la Policía detuvo a Luis Alfredo Acuña, escolta del secretario de la Cámara de Representantes Jaime Luis Lacouture, después de hallar en un vehículo propaganda política y 145 millones de pesos en efectivo. El hallazgo ocurrió en Hatonuevo, La Guajira, y las autoridades dicen que el dinero estaba distribuido en sobres con nombres de localidades.
La versión oficial del operativo
Según la Policía Nacional, los sobres tenían identificaciones con nombres de concejos y líderes locales, lo que, en su informe, podría indicar “una posible estructura para la comisión de delitos electorales”. El director de la Policía, general William Rincón, señaló además que se encontró propaganda del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador. La Unidad Nacional de Protección (UNP), por su parte, confirmó que Acuña formaba parte del esquema de protección del secretario Lacouture, aunque aclaró que el vehículo en el que se hallaron los objetos no pertenecería a la entidad.
¿Detención ilegal y liberación inmediata?
Un juez calificó la captura como ilegal y ordenó la libertad inmediata de Acuña, además de la devolución del dinero y de los vehículos incautados, según el entorno del secretario Lacouture. El abogado Iván Cancino asumió la defensa en la audiencia. La Fiscalía, por ahora, no ha formulado cargos públicos y mantiene abierta la investigación.
Reacciones políticas y la postura de Lacouture
Jaime Lacouture emitió un comunicado en el que se desligó de los hechos y negó cualquier participación en conductas irregulares; aseguró que no se movilizaba en el vehículo donde apareció el dinero. El hallazgo, sin embargo, sacude el escenario político: la propaganda incautada favorece a Daniel Restrepo, quien tiene vínculos con dirigentes de la misma corriente conservadora.
Vínculos regionales y preguntas sobre la estrategia electoral
Tanto autoridades como analistas han señalado afinidades partidistas que conectan actores de La Guajira y Antioquia. En elecciones anteriores se documentaron movimientos de votantes y apoyos concentrados en zonas puntuales. La duda persiste: ¿se trató de logística de campaña legítima o de un intento de compra de votos? Hasta ahora, los indicios recogidos en el operativo no clarifican del todo esa línea.
El rol de la Procuraduría y posibles sanciones
En el foro “Garantías Electorales, un diálogo con las regiones”, el procurador general Gregorio Eljach Pacheco recordó que la entidad cursa 38 procesos disciplinarios por posible injerencia de funcionarios en política. Advirtió sobre modalidades de fraude electoral —como el uso de vehículos para transportar dinero— y anunció que podrían adoptarse medidas cautelares en los días previos a las elecciones.
Quién investiga y qué sigue
La pesquisa avanza por tres frentes: la Fiscalía, para determinar autoría y propósito del dinero; la Procuraduría, para evaluar faltas disciplinarias; y la UNP, para aclarar la relación del escolta con su esquema de protección. En política, como en cualquier organización, la falta de transparencia en la logística suele terminar generando más problemas que beneficios: si no hay control, cuesta demostrar que todo se hizo correctamente.
Qué esperar en los próximos días
Se espera un pronunciamiento formal de la Fiscalía sobre la posibilidad de presentar cargos y las decisiones de la Procuraduría respecto a medidas cautelares. También están pendientes las determinaciones internas de los partidos y la verificación del origen del dinero. El dato a seguir de cerca: si la Fiscalía abre una investigación penal formal y en qué términos lo hará durante las próximas jornadas.
