La reciente detención de Feliciano “N”, un ex custodio del CERESO de Agua Prieta, nos recuerda de manera escalofriante las violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestro sistema penitenciario. Más de diez años después de un motín que dejó a dos internos muertos y a otros gravemente heridos, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ha logrado capturarlo. Pero, ¿realmente es suficiente esta acción para enfrentar los problemas sistemáticos de nuestro sistema de justicia penal?
Desmenuzando los hechos
Los eventos que llevaron a esta detención son complejos y profundamente trágicos. En 2010, durante un motín, una vez que la situación fue controlada, Feliciano “N” y otros custodios agredieron a los internos, resultando en la muerte de dos de ellos y lesiones severas a cinco más. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha señalado que estos actos no solo constituyen homicidio calificado, sino también abuso de autoridad y lesiones graves. Es un recordatorio perturbador de cómo la violencia puede perpetuarse en instituciones que deberían enfocarse en la rehabilitación, no en el castigo.
La captura de Feliciano “N” en Hermosillo, en cumplimiento de una orden judicial, es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, hasta ahora solo tres ex custodios han sido detenidos por estos hechos, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿cuántos más están involucrados y qué medidas se están tomando para evitar que estos abusos se repitan? La respuesta de la FGJES es clara: la búsqueda de justicia no tiene fecha de caducidad.
Lecciones del sistema penitenciario
El caso del CERESO de Agua Prieta es un reflejo de problemas más profundos en el sistema penitenciario mexicano. He visto demasiados casos donde la impunidad es la norma y la justicia se convierte en una mera ilusión. La detención de ex custodios es positiva, pero también debe ser un llamado a la acción. Las autoridades tienen que implementar políticas que no solo busquen justicia para casos pasados, sino que también prevengan futuros abusos.
Los datos sobre derechos humanos y justicia penal son preocupantes. La tasa de reincidencia y el churn rate de internos que regresan al sistema son alarmantes. Las personas que han estado en el sistema penitenciario enfrentan barreras significativas para reintegrarse a la sociedad. Sin un enfoque integral que contemple la rehabilitación y el respeto a los derechos humanos, el ciclo de violencia y abuso seguirá su curso.
Conclusiones y pasos hacia adelante
La detención de Feliciano “N” es un paso positivo, pero no es suficiente. La justicia debe ser un proceso continuo, y la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas deben ser la norma, no la excepción. La FGJES ha reafirmado su compromiso de seguir buscando justicia para todos los implicados, lo cual es fundamental para restaurar la confianza en nuestras instituciones.
Es hora de que los líderes del sistema penitenciario reflexionen sobre sus prácticas y adopten modelos que prioricen la dignidad y los derechos de todos los internos. La colaboración entre autoridades, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil es crucial para construir un sistema más justo y humano. Solo así podremos evitar que historias como la del CERESO de Agua Prieta se repitan en el futuro.
