En una entrevista concedida el 26 de febrero de 2026, el presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), trazó un cronograma claro para la tramitación de la PEC que propone el fin de la escala 6×1. Según Motta, la intención es que la admisibilidad avance en la CCJ durante marzo, que se cree una comisión especial en abril y que la propuesta pueda ser llevada al pleno en mayo. En la misma entrevista, el presidente parlamentario también afirmó que no tiene intención de reabrir el debate sobre la anistía vinculada al 8 de enero ni de instalar una CPI sobre el Banco Master durante 2026.
Calendario y estrategia legislativa
Motta explicó que optó por enviar la iniciativa como Propuesta de Enmienda a la Constitución para permitir un periodo de debate más largo con sindicatos y sectores productivos, en contraste con la vía de un proyecto de ley con urgencia constitucional, que iría directo al pleno y limitaría el tiempo de discusión. La ruta de la PEC implica etapas formales: primero la CCJ para la admissibilidade; luego una comisión especial para discutir el mérito y posibles emendas; y finalmente dos votaciones en el pleno con quórum calificado. Motta defendió que este tránsito dará espacio para audiencias públicas y mayor participación social.
Designación de relator y resistencias políticas
En los días previos al anuncio, la CCJ eligió a Paulo Azi (União-BA) como relator de la PEC, nombre confirmado por Motta y por el presidente de la comisión, Leur Lomanto Júnior. Azi asumirá la responsabilidad de elaborar el parecer que podrá ser favorable o en contra, y su trabajo marcará el ritmo de las discusiones internas. Sin embargo, no todas las bancadas están alineadas: el partido União Brasil declaró oposición a la medida y su presidente, Antônio Rueda, adelantó que intentarán retardar la tramitación en comisiones.
Posturas de partido y del Ejecutivo
Mientras sectores del Ejecutivo y de la base oficialista manifiestan apoyo a reducir la jornada y mejorar el descanso de los trabajadores, hay estrategias divergentes. El gobierno estudia la alternativa de enviar un proyecto de ley con urgencia para acelerar la aprobación, una vía que, según sus defensores, podría dar resultados más rápidos que la tramitación de una PEC. No obstante, Motta defendió la opción constitucional como la que permitiría más diálogo y legitimidad social al cambio.
Analogías, argumentos y debates éticos
En la entrevista, Motta utilizó ejemplos históricos para subrayar la dimensión social de la iniciativa: comparó la resistencia actual a cambiar la escala 6×1 con oposiciones antiguas a reformas laborales y sociales, evocando la Ley Áurea y la creación de la carteira de trabalho en el pasado. El presidente de la Cámara sostuvo que pronunciamientos interesados por parte de grupos económicos han alimentado mitos que dificultan decisiones transformadoras y pidió que la discusión se eleve por encima de intereses particulares y de lobbies.
Impacto en trabajadores y producción
Los promotores de la reforma sostienen que la modificación de la jornada —estableciendo, en la propuesta original, límites como 8 horas diarias, 36 horas semanales y una semana laboral de cuatro días— aumentaría la calidad de vida sin sacrificar productividad. Por su parte, opositores advierten sobre efectos en costos laborales y en algunos sectores productivos. Esa tensión explica la apuesta de Motta por un proceso amplio y por la realización de audiencias públicas para medir consecuencias prácticas.
Cuestiones secundarias: anistía y CPI del Banco Master
En relación con otros asuntos polémicos que circulan en el Congreso, Motta fue categórico: no prevé retomar la discusión sobre la anistía al 8 de enero en 2026, pese a la presión de la oposición, ni ve en el horizonte la instalación de una CPI sobre el Banco Master. El presidente explicó que la Mesa de la Cámara debe respetar la secuencia regimental de solicitudes: ya hay cerca de 16 peticiones de CPI registradas y solo es posible abrir cinco de forma simultánea, lo que limita la apertura de nuevas investigaciones aunque existan firmas suficientes.
En síntesis, la iniciativa para acabar con la escala 6×1 avanza con un cronograma fijado por Motta para llegar al pleno en mayo, con Paulo Azi como relator en la CCJ. El camino legislativo promete debates intensos, confrontaciones políticas y audiencias públicas que definirán el alcance final de la reforma.
