El gobierno del presidente Javier Milei busca que su proyecto estrella de modernización laboral vuelva al Senado para una segunda lectura antes de que concluya el mes. Tras reconocer que un artículo del texto sobre la remuneración por enfermedad generó rechazo, la Casa Rosada optó por aceptar cambios para evitar mayores tensiones y acelerar el proceso legislativo.
Fuentes oficiales señalaron que la decisión implica aceptar una redacción alternativa que atenúe la polémica sobre la reducción de haberes en casos de enfermedad no laboral. Con ese ajuste, la estrategia del Ejecutivo es tramitar las modificaciones en la Cámara de Diputados y devolver el proyecto al Senado con rapidez para su tratamiento final.
Plan de trámite y calendario previsto
Según el plan difundido por allegados al Ejecutivo, la idea es que la Cámara de Diputados introduzca las enmiendas durante las sesiones previstas esta semana y que el texto enmendado sea aprobado con prontitud. Acto seguido, se remitirá al Senado de forma inmediata para que la bancada de La Libertad Avanza coordine el trabajo en comisión.
La hoja de ruta oficial contempla que el proyecto pase por comisión el 20 de febrero, con el objetivo de que el debate en pleno del Senado se realice la semana siguiente y que la ley pueda entrar en vigencia en tiempo para un acto público del presidente.
Objetivo de cierre antes del final del mes
El Ejecutivo pretende sancionar la norma antes del 27 de febrero para que el presidente Milei pueda anunciar la aprobación durante su mensaje en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, previsto para el 1 de marzo. Ese calendario obliga a un ritmo acelerado de trabajo parlamentario tanto en Diputados como en Senadores.
Qué cambios se aceptarán y por qué
El punto central del ajuste acepta una modificación del artículo controvertido que regula la retribución por enfermedad en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo. La versión original reducía el pago a la mitad tras un período determinado, lo que generó críticas desde distintos sectores.
La enmienda en discusión estipula que, en casos de enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo, el salario se reducirá a 50 por ciento después de tres meses, con una previsión del 75 por ciento para quienes tengan personas a su cargo. No obstante, la redacción inicial no aclaraba el tratamiento de enfermedades graves, motivo que motivó las demandas de cambio.
Garantías para enfermedades graves
La líder del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, la senadora Patricia Bullrich, afirmó que se buscará conservar la percepción salarial completa en casos de enfermedades de gravedad. Para ello, el gobierno propone exigir un certificado médico creíble o la revisión por una junta médica como requisito para acceder a esa protección.
Resistencias internas y alternativas consideradas
Durante las discusiones internas en la coalición, algunos legisladores propusieron sortear la modificación por vías alternativas, como emitir un reglamento o una ley complementaria que matizara el alcance del artículo en cuestión. Sin embargo, esa vía no contó con el respaldo unánime de todas las bancadas que buscan diálogo, lo que llevó finalmente a optar por una corrección dentro del propio proyecto.
La decisión del Ejecutivo de aceptar la reforma de redacción responde, según fuentes oficiales, a la necesidad de cerrar filas y evitar que la polémica dilate el calendario previsto. La estrategia es que, una vez que la Cámara de Diputados apruebe la versión ajustada —planificada para la sesión del próximo jueves—, el texto sea remitido con celeridad al Senado para que la conducción del bloque de LLA, encabezada por Bullrich, gestione un despacho de comisión inmediato.
Actores y reacciones
El artículo pasó inicialmente desapercibido en el Senado hasta que comentarios del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lo pusieron bajo la lupa pública y mediática. Desde entonces, sectores sindicales, algunos legisladores y agrupaciones pro-diálogo expresaron su preocupación por la disminución de la protección salarial en situaciones no laborales.
La maniobra del Ejecutivo busca equilibrar la demanda de flexibilización laboral con la necesidad de no dejar desamparados a los trabajadores con enfermedades graves, ofreciendo mecanismos de control médico que permitan preservar derechos en los casos más sensibles.
En síntesis, la estrategia oficial es aceptar una modificación puntual, tramitarla con rapidez en Diputados, devolver el texto al Senado para su segunda lectura y fijar la sanción definitiva antes del 27 de febrero, todo con la mirada puesta en el mensaje presidencial del 1 de marzo.
