El 22 de febrero de 2026, el gobierno de Pakistán confirmó la ejecución de acciones militares transfronterizas contra instalaciones en Afganistán vinculadas al Talibán pakistaní (TTP) y al Estado Islámico de la Provincia de Jorasán (ISKP). Según el Ministerio de Información de Pakistán, los ataques incluyeron tanto bombardeos aéreos como fuego de artillería dirigidos a siete campamentos y escondites situados en zonas cercanas a la frontera; las autoridades describieron las operaciones como realizadas con precisión y basadas en inteligencia previa.
El Ejecutivo pakistaní justificó la respuesta como represalia por una serie de atentados suicidas y otras acciones terroristas atribuidas al TTP y al ISKP, que en semanas recientes causaron víctimas entre la población civil y las fuerzas de seguridad dentro de Pakistán. Antes de recurrir a la fuerza, Islamabad había demandado al régimen talibán afgano que impidiera que esos grupos utilizaran su territorio como refugio y plataforma de lanzamiento; según Pakistán, esas solicitudes no produjeron medidas efectivas.
Reacción de Kabul y relatos sobre víctimas
Desde la capital afgana, el portavoz oficial Zabihullah Mujahid afirmó que los ataques pakistaníes provocaron víctimas civiles en las provincias de Nangarhar y Paktika, incluyendo mujeres y niños. Mujahid criticó las operaciones y aseguró que la acción militar refleja una forma de compensar fallas internas de seguridad en Pakistán mediante incursiones que afectan a poblaciones fronterizas. Estas declaraciones subrayan el riesgo humanitario que plantean las medidas militares en áreas habitadas por civiles y desplazados.
Denuncias y verificaciones
Las cifras de bajas proporcionadas por ambas partes aún no han sido verificadas de forma independiente por organismos internacionales. Organizaciones humanitarias y observadores independientes suelen destacar la dificultad de comprobar rápidamente los daños en territorios remotos y con acceso restringido. Mientras tanto, el relato oficial de Islamabad insiste en que la operación fue selectiva y dirigida exclusivamente contra objetivos militares vinculados a grupos extremistas.
Contexto y antecedentes del conflicto fronterizo
La frontera entre Pakistán y Afganistán lleva años siendo foco de tensiones por incursiones, ataques y acusaciones mutuas. En octubre pasado se alcanzó un alto el fuego tras negociaciones en Doha, mediadas por Catar y Turquía, con la intención de rebajar enfrentamientos y coordinar mecanismos de seguridad. No obstante, el recrudecimiento de atentados dentro del territorio pakistaní contribuyó a que Islamabad optara por una respuesta directa que, según sus autoridades, busca desmantelar refugios de insurgentes y prevenir futuros atentados.
Implicaciones de la tregua previa
El acuerdo de alto el fuego había sido presentado como un paso hacia mayor cooperación, pero la continuidad de ataques transfronterizos y la persistencia de redes insurgentes revelan la fragilidad de ese entendimiento. Analistas señalan que la falta de verificación y de mecanismos de confianza entre las partes facilita reacciones unilaterales. La operación del 22 de febrero pone en evidencia la tensión entre la necesidad de seguridad inmediata y la búsqueda de soluciones diplomáticas a largo plazo.
Aspectos legales, militares y riesgos regionales
Desde la perspectiva legal, las incursiones plantean interrogantes sobre el respeto al derecho internacional y la protección de la población civil en conflictos transfronterizos. Las autoridades pakistaníes sostienen que sus acciones se enmarcan en el derecho a defensa ante amenazas externas, apoyándose en inteligencia militar y ataques de precisión para minimizar daños colaterales. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten sobre los peligros de operaciones que puedan afectar a civiles y aumentar la radicalización en zonas fronterizas.
En el plano de seguridad, la coordinación entre Islamabad y Kabul se considera esencial para reducir riesgos y evitar escaladas. Observadores internacionales recomiendan canales de comunicación operativos y mecanismos de verificación de incidentes para limitar la posibilidad de un conflicto mayor. Mientras tanto, la población de la región sigue expuesta a la inseguridad y a las consecuencias humanitarias derivadas de estas dinámicas militares.
El desenlace dependerá en gran medida de la verificación independiente de daños, del diálogo entre las partes y de la capacidad de la comunidad internacional para mediar soluciones que prioricen la seguridad y la protección de la población.
