El año 2026 ha sido testigo de una parálisis legislativa en el Congreso de Argentina, donde se han aprobado apenas 11 leyes durante las sesiones ordinarias y 2 en sesiones extraordinarias. Este hecho marca un récord negativo en la productividad legislativa, siendo la cifra más baja en la última década. La situación se enmarca en un ambiente de polarización extrema, donde el gobierno, en minoría, se enfrenta a una oposición que ha logrado imponer su propia agenda de emergencia.
Un informe al finalizar el año destaca que, de las pocas leyes que lograron ser aprobadas, ninguna fue iniciativa original del gobierno durante las sesiones ordinarias, que se desarrollaron entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. De las 11 leyes aprobadas, 8 pertenecen a la oposición, abarcando temas como el financiamiento universitario, aumentos de pensiones y la llamada ‘Ley Nicolás’, que combate la mala praxis médica. Las restantes 3 leyes son acuerdos internacionales heredados de la administración anterior.
Desafíos y veto presidencial
En medio de este panorama, el presidente Javier Milei ha ejercido su poder de veto en siete ocasiones. Sin embargo, el Congreso ha logrado anular tres de estos vetos, reafirmando su autonomía legislativa a pesar de la oposición del ejecutivo. Esta capacidad del Congreso para desafiar la autoridad presidencial se ha visto potenciada por un uso menos común de herramientas técnicas, como el envío de proyectos a comisiones, que ha sido empleado 20 veces en 2026, en comparación con un máximo histórico de tres. Esto ha obligado al gobierno de Milei a tratar asuntos que preferiría evitar.
Rechazo a los decretos
Por primera vez en años, el Congreso mostró su firmeza al rechazar cuatro decretos basados en prerrogativas delegadas, además de un DNU de emergencia, limitando así el margen de maniobra del presidente. El informe de la Dirección Legislativa indica que, de las 22 sesiones celebradas, la mitad fueron especiales, lo que evidencia la falta de consenso para establecer una agenda parlamentaria común. Este contexto de debilidad numérica no impide al gobierno mantener esperanzas en un cambio tras las elecciones de medio término de octubre.
Expectativas para el futuro
A pesar de la actual situación, el gobierno confía en que la nueva composición del Congreso, tras las elecciones de octubre, permitirá una dinámica diferente. Ya se ha aprobado el presupuesto de 2026 en diciembre, lo que sugiere un cambio en el rumbo. Con un mayor respaldo en el Congreso, Milei está decidido a pasar de una postura defensiva a una ofensiva, buscando recuperar la iniciativa legislativa en 2026.
La administración de Milei ha introducido cambios significativos en la ley de inteligencia nacional, destacando la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC). Este nuevo organismo tiene como objetivo planificar y ejecutar programas y acciones en el ámbito de la ciberseguridad, protegiendo el ciberespacio de interés nacional y las infraestructuras críticas. El CNC operará bajo la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y contará con un director ejecutivo y un subdirector, quienes serán responsables de garantizar la ciberseguridad nacional.
Controversias y reacciones
La creación del CNC ha generado críticas por parte de la oposición, que argumenta que los cambios se implementaron sin consulta parlamentaria, especialmente considerando que el decreto se aprobó el último día del año. Los opositores han señalado que la modificación de la ley de inteligencia crea un estado de sospecha generalizado y traslada competencias importantes a áreas bajo el control de Karina Milei. Legisladores como Esteban Paulon y Leopoldo Moreau han emitido fuertes declaraciones, enfatizando que este DNU podría interpretarse como un retroceso democrático, amenazando las garantías de los ciudadanos.
En conclusión, el año 2026 ha revelado los retos que enfrenta el gobierno de Javier Milei y el Congreso argentino. La polarización política y la escasa productividad legislativa son signos preocupantes que podrían tener repercusiones a largo plazo en el panorama político del país. La posibilidad de un cambio en la dinámica legislativa en 2026 dependerá de la capacidad del gobierno para cimentar una nueva relación con el Congreso y responder a las demandas de la ciudadanía.
