Aumentos y bonos en jubilaciones: ¿qué esperar en 2025?

Gráfico sobre aumentos y bonos en jubilaciones para 2025
Descubre qué esperar sobre aumentos y bonos en jubilaciones en 2025.

Contexto actual de las jubilaciones en Argentina

Desde hace meses, el panorama de las jubilaciones y pensiones en Argentina ha estado marcado por ajustes que se alinean con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Este mecanismo busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, quienes enfrentan un contexto económico complicado debido a la inflación.

En este sentido, el gobierno de Javier Milei ha confirmado que, para marzo de 2025, se mantendrá el bono de $70,000 que se ha estado otorgando a jubilados y pensionados desde hace un año, aunque sin ajustes adicionales.

Bonos y ayudas escolares: ¿quiénes se benefician?

Además del bono mencionado, se han anunciado cambios en la Ayuda Escolar, que se incrementará a $130,700 para aquellos que cumplan con los requisitos establecidos. Esta ayuda se entrega anualmente a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a otros beneficiarios de asignaciones familiares.

Para acceder a este beneficio, es obligatorio presentar el certificado de alumno regular, y el trámite debe ser iniciado adecuadamente para recibir la prestación a los 60 días. Estos bonos y ayudas son esenciales para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables, especialmente en un contexto donde la inflación afecta gravemente el poder adquisitivo.

Desafíos y expectativas para el futuro

A pesar de los esfuerzos del gobierno, la negativa a aumentar el bono de $70,000 ha generado controversia. Economistas advierten que el superávit fiscal podría permitir mejoras significativas para los 5 millones de personas que perciben el haber mínimo.

La falta de ajustes ha llevado a una consolidación de la pérdida de poder adquisitivo, lo que plantea un desafío para el gobierno en su intento de mantener el equilibrio fiscal. Para que el bono recupere su valor real, se estima que debería elevarse a cerca de $130,000, lo que implicaría un gasto adicional significativo para el Estado. Este dilema entre mantener el superávit fiscal y garantizar el bienestar de los jubilados es un tema candente que seguirá generando debate en los próximos meses.

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