La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha expresado su firme rechazo al Decreto 1474 de 2026, que establece un drástico aumento del impuesto al consumo. Este decreto incrementa el impuesto del 5% al 19% en productos como licores, tabaco y aperitivos, una medida que, según Toro, representa una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La mandataria sostiene que esta decisión unilateral del Gobierno Nacional no solo impacta las finanzas de los territorios, sino que también amenaza la ejecución de programas sociales esenciales, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y los servicios de salud básicos.
Consecuencias del aumento del impuesto
Las proyecciones indican que el Valle del Cauca podría enfrentar una pérdida cercana a 800.000 millones de pesos, monto que se destinaría a la administración central del país. Esta disminución de ingresos podría resultar en una reducción considerable de recursos destinados a programas que benefician a la población más vulnerable.
Impacto en la educación y la salud
Toro ha enfatizado que la reducción de fondos afectará de manera directa la operatividad del PAE, poniendo en peligro la alimentación de miles de estudiantes. Además, se anticipa que la falta de recursos también impactará en la infraestructura sanitaria, lo cual compromete la atención médica en muchas comunidades.
Acciones legales y defensa de la autonomía regional
Ante esta problemática, un grupo de 17 gobernadores de diferentes departamentos ha decidido unirse para impugnar esta medida. Están preparando una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y planean presentar tutelas individuales para proteger los derechos que dependen de estos ingresos fiscales.
Toro ha señalado que la administración departamental se acogerá a la excepcionalidad constitucional, argumentando en defensa de la autonomía fiscal de los territorios. Esto significa que la gobernación podría optar por no aplicar el nuevo impuesto mientras se resuelve la situación legal.
Consecuencias económicas y el aumento del contrabando
Las autoridades advierten que el aumento del impuesto no solo impacta el presupuesto regional, sino que podría dar lugar a un incremento del contrabando y del comercio ilegal. Se estima que el precio de productos como el aguardiente podría aumentar entre un 30% y un 40%, lo que podría llevar a los consumidores a buscar alternativas en el mercado negro.
El resultado de esta situación podría ser devastador para la economía local y para el ya frágil sistema de recaudo fiscal del país, que enfrenta serios desafíos debido a la evasión y el contrabando.
Reunión con el Gobierno Nacional
Con el fin de encontrar una solución, se ha convocado a una reunión entre los gobernadores y el Ministro de Hacienda para el próximo lunes 19 de enero. En este encuentro, se espera que se aborden las inquietudes técnicas y sociales relacionadas con la implementación del decreto.
No obstante, la respuesta del Gobierno Nacional ha sido crítica. El Ministro del Interior, Armando Benedetti, ha calificado la postura de los gobernadores como un “mal ejemplo”, sugiriendo que están desafiando la legalidad al instar a no acatar la nueva ley. Además, el Ministro de Justicia, Andrés Idárraga, ha señalado que se tomarán acciones legales contra aquellos mandatarios que intenten no cumplir con el decreto.
