El gobierno colombiano ha incrementado las medidas de seguridad alrededor del presidente Gustavo Petro luego de una serie de incidentes y denuncias públicas que describen intentos de sabotaje y atentados contra su persona. Las autoridades anunciaron cambios operativos y órdenes directas desde la cartera de Defensa para reforzar la custodia presidencial, a raíz de la acusación de que se intentó plantar drogas en un vehículo de la comitiva presidencial y de reportes sobre un presunto ataque a un helicóptero oficial.
En paralelo, se ejecutaron decisiones administrativas que incluyen la jubilación inmediata de un alto mando policial y la activación de protocolos especiales durante traslados oficiales a zonas afectadas por inundaciones. Estos hechos ocurren en un contexto político tenso, con el país afrontando elecciones legislativas y presidenciales, además de procesos penales en torno a colaboradores del entorno del mandatario.
Retiro del general y acusaciones de sabotaje
El Presidente ordenó la separación del servicio activo del brigadier general Edwin Urrego, entonces comandante de policía en Cali, tras considerarlo vinculado a un supuesto intento de boicotear una reunión internacional de alto perfil. La decisión, materializada por un decreto del Ministerio de Defensa, se toma después de que se denunciara la intención de introducir sustancias ilícitas en un vehículo del equipo presidencial con el objetivo de desacreditar o interrumpir un encuentro diplomático.
Respuesta y defensa del oficial
Urrego negó categóricamente las imputaciones y anunció la posibilidad de acciones legales para proteger su buen nombre. En declaraciones públicas calificó los señalamientos como desinformación y subrayó que no recibió oportunidad formal de defenderse ni se le presentó evidencia específica. La disputa añade un componente judicial y mediático al episodio, mientras el Ejecutivo afirma que la medida fue preventiva y necesaria para preservar la seguridad del Estado.
Amenaza aérea y reprogramación de aterrizaje
Otro episodio clave involucró la suspensión y el desvío de un aterrizaje de helicóptero que transportaba al presidente hacia una región afectada por inundaciones. Según el propio Petro, inteligencia detectó un riesgo de disparos contra la aeronave, lo que obligó a prolongar maniobras y cambiar el punto de llegada hasta garantizar la seguridad. El gobierno atribuye estas amenazas a células de grupos armados y redes del narcotráfico, algunas con operaciones tanto dentro como fuera del país.
Actores señalados y contexto delictivo
En sus comunicados, el presidente vinculó las amenazas a estructuras como disidencias de las FARC y organizaciones como el denominado Clan del Golfo, además de señalar a presuntos traficantes radicados en el exterior. Estas imputaciones están enmarcadas en la reciente reaproximación diplomática con Estados Unidos y en acuerdos operativos contra el narcotráfico que han tensado a ciertos grupos que se sienten afectados por las políticas estatales.
Implicaciones políticas y seguridad en campaña
El entorno de seguridad se complica por la cercanía de elecciones: las legislativas del 8 de marzo y la presidencial del 31 de mayo. En este escenario, el Gobierno denuncia intentos de presión judicial y política contra miembros de su equipo; por ejemplo, la Fiscalía imputó cargos a figuras vinculadas a la campaña de 2026. El Ejecutivo a su vez acusa a algunos actores institucionales y opositores de orquestar estrategias para debilitarlo, lo cual alimenta la polarización y la percepción de riesgo en la actividad pública.
Frente a estas contingencias, el Ministerio de Defensa ordenó a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia reforzar protocolos, aumentar la vigilancia y revisar rutas y escoltas. El objetivo declarado es prevenir nuevos intentos de sabotaje o atentado y garantizar la seguridad de la misión presidencial en zonas vulnerables por desastres naturales o por la presencia de grupos armados ilegales.
La combinación de medidas administrativas, movimientos tácticos y acusaciones cruzadas muestra un país en alerta donde la seguridad pública y la estabilidad política convergen. Mientras el Ejecutivo sostiene que actúa para proteger la institucionalidad y la vida del mandatario, los señalados solicitan pruebas y anuncian defensas jurídicas. La incertidumbre persiste y los episodios continúan marcando la agenda nacional.
