La violencia en el departamento del Caquetá volvió a cobrar vidas y a generar alarma humanitaria. En la mañana del 04.03.2026 se reportó que, durante operaciones ofensivas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en la vereda Santo Domingo, municipio de Cartagena del Chairá, tres soldados fueron asesinados y un cuarto resultó herido. Combates en zonas rurales como ésta mantienen a las comunidades en situación de riesgo y complican las labores de protección.
El Ejército Nacional confirmó que las maniobras se desarrollaban contra presuntos integrantes de la Estructura Carolina Ramírez, una de las disidencias vinculadas con las antiguas FARC y con presencia en corredores estratégicos del sur del país. Las autoridades informaron que los enfrentamientos continuaban en la zona mientras se atendía al uniformado herido y se ejecutaban medidas para asegurar el área.
Lo ocurrido en la vereda Santo Domingo
Según el reporte oficial, las tropas de la Fuerza de Tarea Omega adelantaban operaciones ofensivas cuando se presentaron los combates. La muerte de tres soldados marca un episodio más en la escalada de violencia que afecta al Bajo Caguán. Operaciones ofensivas implican avances tácticos para desarticular estructuras armadas, pero también exponen a la tropa a combates directos en territorios controlados por grupos residuales.
Impacto inmediato en la seguridad local
El choque ha generado incertidumbre entre pobladores y autoridades locales. Las maniobras para garantizar la seguridad del área incluyeron despliegue adicional de unidades y esfuerzos médicos para el herido. Mientras tanto, no se ha conocido una postura pública de la Estructura Carolina Ramírez sobre el episodio.
Contexto más amplio: disputa territorial y crisis humanitaria
La Defensoría del Pueblo había advertido con anterioridad sobre una crisis humanitaria en Cartagena del Chairá por el recrudecimiento de enfrentamientos entre disidencias lideradas por alias Calarcá e Iván Mordisco. Según el organismo, esa disputa ha generado confinamientos, desplazamientos forzados y ataques indiscriminados que afectan la garantía de derechos fundamentales en la región.
Consecuencias sobre la población civil
La intensificación del conflicto ha conllevado restricciones de movilidad desde octubre de 2026, afectando las actividades cotidianas de las comunidades. Además, la Defensoría alertó sobre la participación de niños, niñas y adolescentes en el conflicto: hace pocos días el Ejército reportó el rescate de Tres menores que habían sido vinculados por la fuerza a actividades de los grupos armados.
Patrones de violencia y tácticas de las disidencias
En otros frentes del país las disidencias han recurrido a tácticas que combinan movilizaciones civiles forzadas y retenciones para mantener a las Fuerzas Públicas lejos de áreas de cultivos ilícitos o laboratorios. La Fiscalía, por ejemplo, ha documentado en investigaciones que asonadas y secuestros de uniformados entre marzo y septiembre de 2026 constituyeron un plan articulado para proteger cultivos y operaciones criminales, según procesos judiciales en curso.
Implicaciones para la acción estatal
Esas estrategias complican la presencia del Estado en territorios estratégicos y obligan a coordinar respuestas integrales: seguridad, asistencia humanitaria y protección especial para población vulnerable. La Defensoría ha instado a las autoridades a diseñar medidas con enfoque diferencial y a exigir a las estructuras armadas el cese de acciones que pongan en riesgo a la población civil, conforme al Derecho Internacional Humanitario.
Qué piden las autoridades y la sociedad
Frente al episodio en Santo Domingo, las autoridades militares reportaron el seguimiento de operaciones en la zona para garantizar la protección y evacuar al lesionado. Por su parte, organismos de control y derechos humanos exigen a las disidencias exclusión de civiles de hostilidades y urgentes medidas estatales para mitigar la crisis humanitaria en Cartagena del Chairá.
La muerte de los tres soldados refleja la persistente complejidad del conflicto armado residual en Colombia y subraya la necesidad de acciones coordinadas entre fuerza pública, entidades de protección y la sociedad civil para reducir el impacto sobre comunidades que ya enfrentan desplazamiento, confinamientos y violaciones de derechos.
