El Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, un paquete que reordena normativas claves del mercado de trabajo argentino. La iniciativa obtuvo respaldo parlamentario de La Libertad Avanza y de sectores de la oposición moderada, y desató críticas y movilizaciones en la calle convocadas por sindicatos y organizaciones sociales. En el centro del debate están cambios en la negociación colectiva, el régimen de indemnizaciones, la jornada laboral y la regulación de plataformas digitales.
La discusión pública se desarrolló entre un intenso operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso y un debate legislativo que se extendió hasta altas horas. Las protestas, con presencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales, concluyeron con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y con detenciones y heridos según distintos reportes.
Cambios en la negociación colectiva y organización sindical
Uno de los ejes de la reforma es permitir la negociación salarial a nivel de empresa. El texto establece que un convenio de mayor alcance no puede modificar lo pactado en uno de menor escala, facilitando acuerdos locales por encima de los términos nacionales o por rama. Además, se fija que, al vencer un convenio, sus cláusulas podrán ser renegociadas durante un período de hasta un año mientras el antiguo acuerdo sigue vigente; y las partes deberán convocarse a negociar dentro del primer año tras la promulgación de la ley.
En relación con los sindicatos, se mantienen las contribuciones obligatorias y voluntarias, pero con un tope del 2%. También se conserva la gestión de las obras sociales sindicales, aunque el aporte patronal fue fijado en 6% (por encima del 5% inicialmente propuesto por el Ejecutivo).
Autorización de asambleas y representación
La reforma permite que las asambleas de trabajadores se realicen previa autorización del empleador, una modificación que abre debate sobre las condiciones de legitimidad y el ejercicio del derecho de reunión en el ámbito laboral. Este punto fue señalado por opositores como una limitación práctica a la actividad sindical.
Despidos, indemnizaciones y Fondo de Asistencia Laboral
En materia de despidos, la ley introduce un tope en las indemnizaciones: se calcularán tomando como parámetro el salario promedio establecido por el convenio colectivo por año trabajado, excluyendo bonificaciones y conceptos que no sean mensuales. Para empresas que no puedan afrontar esos pagos se crea un fondo llamado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con una parte de los aportes patronales (según el proyecto, 1% para grandes empresas y 2,5% para el resto).
Además, se limita la actualización de créditos laborales en sede judicial: los tribunales no podrán aplicar intereses superiores a la inflación más un 3% anual. Se fijan condiciones de pago diferenciadas: las PyMEs podrán abonar indemnizaciones en hasta 18 cuotas, mientras que las empresas de mayor tamaño tendrán un plazo máximo de 12 cuotas.
Incentivos a la contratación
El paquete incorpora reducciones en los aportes patronales como estímulo para la creación de empleo y extiende un régimen de beneficios fiscales a inversiones productivas. El programa RIMI amplía beneficios de deducción de impuesto a la renta y del IVA para proyectos de inversión, incluyendo ahora a pequeñas y medianas empresas.
Jornada, horas extra, plataformas y otros puntos relevantes
La reforma habilita la implementación de un “banco de horas” para compensar horas extra mediante días libres u otros sistemas, siempre garantizando los descansos mínimos legales. También queda habilitada la posibilidad de que la vacación se fraccione entre el 1 de octubre y el 30 de abril, en tramos no menores a siete días.
Respecto a la jornada laboral, aunque el texto permite mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo, el debate público incluyó denuncias sobre intentos de extender jornadas hasta 12 horas. La ley regula además aspectos vinculados a los certificados médicos: establece requisitos para su validez y la posibilidad de solicitar una junta médica cuando haya discrepancias entre la documentación del trabajador y la empresa.
Para las actividades vinculadas a plataformas digitales, la norma las califica como de prestación independiente, denominando a quienes entregan servicios como prestadores de servicios independientes. No obstante, obliga a las empresas a contratar seguros contra accidentes y a ofrecer capacitación a esos trabajadores; también fija responsabilidad en materia de seguridad y transparencia informativa.
Otro cambio señala que las entidades bancarias serán las únicas habilitadas para el pago de salarios, descartando la alternativa de billeteras digitales o fintechs para ese fin. Por último, la reforma prevé la transferencia de los juzgados laborales nacionales a la Ciudad de Buenos Aires, un traslado que tendrá implicancias institucionales y jurisdiccionales.
La sanción en el Senado marca un antes y un después en el régimen laboral argentino y abre el camino para su tratamiento final en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, la tensión social y política en torno a la ley podría dar lugar a nuevas movilizaciones y apelaciones públicas por parte de sindicatos, movimientos sociales y actores empresariales.
