La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el texto del acuerdo Mercosur-Unión Europea, con 203 votos a favor, 42 en contra y cuatro abstenciones, y lo remitió para su ratificación al senado. El tratado, suscrito el 17 de enero en Asunción, busca eliminar aranceles sobre una parte importante del comercio entre los bloques y facilitar el intercambio de bienes industriales y agropecuarios. Tras la votación, el proyecto deberá ser tratado en la cámara alta, donde se espera que llegue dentro de dos semanas, lo que podría convertir a Argentina en el primer país en completar la ratificación del pacto.
La aprobación se produjo en medio de una intensa disputa política: la bancada oficialista de Javier Milei consiguió apoyo de aliados, del PRO, de la UCR y de sectores provinciales, además de un número significativo de legisladores peronistas disconformes con la dirección del bloque. Esa mezcla electoral dejó a Unión por la Patria fragmentada y puso en evidencia las tensiones internas respecto a la estrategia comercial y los riesgos sectoriales.
Contenidos del acuerdo y alcance geopolítico
El texto aprobado forma parte de un tratado que, una vez en vigor, integraría a la Unión Europea y a los cuatro socios del Mercosur firmantes —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— en un área de libre comercio que abarcaría aproximadamente a 700 millones de personas. El pacto elimina progresivamente aranceles sobre más del 90% de las exportaciones del Mercosur hacia Europa y reduce barreras para la entrada de productos industriales europeos. Sin embargo, su implementación enfrenta obstáculos en el viejo continente: el Parlamento Europeo pidió la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que retrasa la entrada en vigor formal del acuerdo y abre la posibilidad de una aplicación provisional por parte de la Comisión Europea.
División interna y argumentos de cada sector
La votación dejó al descubierto una fisura notable dentro del peronismo: 43 diputados del bloque Unión por la Patria apoyaron la iniciativa, entre ellos el jefe de bloque Germán Martínez, mientras que 38 legisladores vinculados a La Cámpora, sectores kirchneristas y referentes afines a Juan Grabois votaron en contra. Los defensores del acuerdo sostuvieron que se trata de una política de Estado, con beneficios en términos de apertura de mercados y mayor competitividad. Para algunos, el tratado culmina décadas de negociaciones diplomáticas encaminadas a consolidar relaciones comerciales con Europa.
Críticas económicas y defensas políticas
Quienes rechazaron el acuerdo alertaron sobre su posible efecto negativo en la industria y la producción nacional, y reclamaron la existencia de un plan de desarrollo que proteja y potencie el tejido productivo interno. El ex canciller y diputado opuesto advirtió que el acuerdo, con origen en textos consensuados en 2019, podría poner en riesgo una parte relevante de las exportaciones nacionales y limitar la capacidad de negociación para obtener mejores cuotas de productos sensibles como la carne. Desde la vereda oficial se replicó que la liberalización es una herramienta para fomentar crecimiento y atraer inversiones.
Tensiones internacionales: solapamientos con un acuerdo con EE. UU.
Además del debate doméstico, la situación se complicó por un acuerdo paralelo entre Argentina y Estados Unidos. El gobierno de Milei firmó un pacto comercial con Washington que, según críticos europeos y agrupaciones agrícolas, podría entrar en conflicto con las protecciones previstas para productos europeos. Organizaciones de la UE alertaron sobre riesgos para las indicaciones geográficas (como feta o pecorino) si Argentina acepta cláusulas que permitan la liberalización de nombres tradicionales.
Implicaciones sobre denominaciones y marcas
Especialistas en comercio internacional advirtieron que el acuerdo con Estados Unidos podría limitar la capacidad de Argentina para impedir el uso de nombres e imágenes asociados con productos europeos protegidos. La controversia subraya un desafío central: cómo conciliar la apertura comercial con la defensa de sectores que dependen de regulaciones sobre denominaciones y propiedades intelectuales. Para varios actores europeos, la norma norteamericana que califica ciertas denominaciones como genéricas amenaza la protección que buscaba garantizar el tratado con el Mercosur.
En el cierre del debate legislativo, la presidenta de la comisión de Asuntos Exteriores destacó que el gobierno apuesta por la integración internacional como motor de crecimiento, buscando reglas claras y acceso a mercados. Mientras tanto, sectores sindicales y cámaras empresarias reclaman mayores instancias de discusión técnica y medidas compensatorias. La discusión ahora se traslada al senado, donde se medirá la fortaleza del acuerdo frente a las preocupaciones internas y a las objeciones internacionales.
