En una nave industrial de Buenos Aires, el ruido de las máquinas de coser ya no llena tanto el taller. Lo que antes era una cadena productiva de alta rotación hoy experimenta turnos con menos trabajo y una sensación de incertidumbre entre los operarios. Este panorama sintetiza las tensiones que atraviesa la industria textil argentina tras la implementación de políticas de apertura comercial.
La historia de Confecciones Seman SA sirve como termómetro: una planta con más de cien empleados que redujo su volumen de elaboración de trajes y camisas a la mitad respecto de años recientes. Los testimonios de propietarios, técnicos y trabajadores ilustran un mercado que cambia con rapidez y obliga a replanteos tanto empresariales como sociales.
Reducción de la producción y pérdida de puestos
Antes de la apertura parcial del comercio exterior, la fábrica fabricaba más de 3.000 trajes por mes; ahora trabaja a ritmos sensiblemente menores. Según datos de la consultora Analytica y la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), desde el sector perdió más de 18.000 puestos de trabajo y está operando a aproximadamente un tercio de su capacidad instalada. Esa caída explica la inquietud en los talleres y el clima de resignación entre quienes llevan décadas en la actividad.
Voces desde la planta
Alejandro Pernas, dueño de Confecciones Seman y con cuatro décadas en el rubro, apunta que la moral del equipo se deteriora cuando la producción baja. Daniel Romani, ingeniero industrial de 70 años y jefe de taller, resume la angustia de los operarios: pasar de producir 200 prendas diarias a cifras mucho menores genera una pregunta constante sobre la posibilidad real de encontrar empleo alternativo para quienes poseen oficios especializados.
Importaciones, caída de precios y efectos en el consumo
El gobierno de Javier Milei optó por una política de ajuste fiscal y flexibilización de controles a las importaciones con la intención de contener la inflación y abaratar bienes. Como consecuencia, ingresaron en mayor volumen prendas provenientes de plataformas digitales internacionales como Shein y Temu, además de remesas de ropa usada y productos confeccionados.
Las cifras muestran la magnitud del fenómeno: las importaciones de indumentaria crecieron un 97,3% el año pasado y, desde, los precios del rubro registraron una baja del 30,6%, según el informe de Analytica. Para los consumidores esta dinámica representa un alivio en el costo de vestirse; para la industria local se traduce en mayor competencia con márgenes reducidos.
Ejemplos en el territorio
En la provincia de Mendoza, comercios que venden ropa usada importada la ofertan por kilo a 15.000 pesos (equivalente aproximado a US$10), una alternativa muy demandada por compradores que enfrentan precios altos en comercios tradicionales. Un estudio del think tank Fundar de observó que, pese a cambios de precio, la ropa en Argentina todavía puede ser en promedio un 35% más cara que en otros países de la región, aunque con variaciones importantes según la gama de producto.
Debate sobre protección, competencia y futuro del empleo
Las autoridades sostienen que la antigua política de proteccionismo dejó a los consumidores pagando más y beneficiando a unos pocos actores industriales. El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó a afirmar que muchos argentinos nunca compraban ropa local por considerarla muy cara. En contraste, las cámaras y empresas del sector denuncian condiciones adversas: carga impositiva elevada, costos logísticos, dificultades de financiamiento y, según FITA, prácticas de competencia desleal que complican la supervivencia de fábricas.
Frente al escenario, algunos empresarios buscan alternativas: importar productos terminados para mantener empleos administrativos y comerciales, o reconvertir líneas de negocio. Sin embargo, persiste la pregunta central que plantea Pernas: mientras una empresa puede transformarse en importadora, ¿cómo se recoloca la trabajadora que ha cosido mangas durante treinta años?
El sector textil no solo concentra la producción: se calcula que emplea más de 500.000 personas a lo largo de toda la cadena de valor. Por eso, cualquier ajuste en política comercial o en el mercado interno tiene efectos sociales amplios y genera un debate complejo sobre la mezcla entre competitividad, protección y políticas activas de formación y apoyo a la reconversión laboral.
En ese contexto de disyuntiva, empresarios, sindicatos y autoridades deberán buscar fórmulas que permitan compatibilizar la baja de precios para consumidores con la sustentabilidad de la industria local, sin perder de vista el impacto en el empleo y la pervivencia de saberes y oficios que forman parte del patrimonio productivo del país.
