La Segunda Corte de Apelaciones de Estados Unidos en nueva york dejó sin efecto una sentencia que obligaba a Argentina a pagar US$16.1 billion por la expropiación de la petrolera YPF. El tribunal consideró que el juez de primera instancia interpretó de manera incorrecta la normativa argentina al determinar que la nacionalización vulneró estatutos societarios que exigían una oferta pública a accionistas minoritarios. Esta decisión se produce tras un proceso judicial iniciado en 2015 y una resolución inicial en 2026 que favoreció a los demandantes.
La demanda contra la República Argentina fue promovida por inversores que alegaron la ausencia de una tender offer prevista en los estatutos de YPF tras la adquisición del control por parte del Estado en 2012. Es importante destacar que la acción judicial contó con el respaldo financiero de la firma británica Burford Capital, especializada en litigation finance, que adquirió derechos para litigar en nombre de determinados accionistas. Aunque el fallo de la corte de apelaciones es favorable a Argentina, las partes aún podrían solicitar revisión ante la Suprema Corte de Estados Unidos.
El fallo y su alcance
La cámara apelatoria concluyó que el magistrado de primera instancia, la jueza Loretta Preska, se equivocó al aplicar la ley argentina al caso, por lo que anuló la condena que imponía una indemnización superior a US$16.1 billion. El tribunal evaluó aspectos formales y de interpretación jurídica vinculados a los estatutos de YPF y a las exigencias sobre el trato a accionistas minoritarios, y consideró que la conclusión previa no respetó esos parámetros. El resultado exime, por ahora, a la Argentina de una obligación que el propio gobierno había advertido podría afectar gravemente sus reservas internacionales.
Reacciones y actores
En Buenos Aires la respuesta oficial fue celebratoria: el presidente Javier Milei destacó el fallo en redes y actos públicos, calificando la resolución como “el mejor escenario” y vinculándola a la necesidad de corregir gestiones anteriores. Desde otro ángulo, gobernadores y figuras ligadas al kirchnerismo, como el ex ministro que participó del proceso de reestatización, recibieron críticas públicas por la gestión que dio origen al conflicto. En lo financiero, analistas recuerdan que una porción importante del monto fijado inicialmente habría correspondido a firmas que ofrecen financiamiento de litigios, lo que condicionaba el flujo de recursos.
Postura de Burford y de los demandantes
La empresa Burford Capital emitió comunicaciones recordando que la decisión de la corte será analizada en detalle y que informará a sus inversores sobre las implicancias. Burford, que es un actor global en litigation finance, había comprado los derechos de reclamo de firmas locales como Petersen Energía Inversora y Eton Park, que en conjunto controlaban alrededor del 25,4% de YPF. Si la sentencia inicial se hubiera mantenido, gran parte de los fondos reclamados habría terminado en manos de entidades que financian litigios, una crítica frecuente a este tipo de estructuras legales.
Antecedentes y próximos pasos
La controversia se remonta a la decisión del Estado argentino de recuperar el control mayoritario de YPF en 2012, cuando se expropió el 51% de las acciones, entonces en manos del grupo español Repsol. Repsol obtuvo en otro proceso una compensación diferente, mientras que los demandantes que protagonizaron la acción revisada por la corte de apelaciones reclamaron por no haber recibido una oferta de compra conforme a los estatutos. Además, el país había advertido que una obligación de pago de magnitud similar a la fijada inicialmente (incluyendo intereses) pondría en riesgo su situación macrofinanciera.
Qué puede venir ahora
A pesar de la anulación, el litigio no se considera completamente cerrado: existe la posibilidad de que el caso llegue finalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos, que podría aceptar o rechazar una apelación. Mientras tanto, el fallo reduce la presión inmediata sobre las finanzas públicas y altera las expectativas de los inversores. En el plano político, la decisión ya alimenta discursos y posicionamientos de cara a futuras contiendas electorales, y en el plano empresarial obliga a revaluar el papel del financiamiento de litigios en disputas transnacionales.
