La Cámara Federal de Casación, máxima sala penal por debajo de la Corte Suprema, decidió anular el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa conocida como el caso Seguros. Los magistrados que conformaron la mayoría señalaron que la resolución del tribunal de alzada había confirmado el procesamiento pese a que el fiscal de esa instancia había solicitado la falta de mérito por ausencia de pruebas suficientes, lo que configuró, según el fallo, un problema de procedimiento que impedía sostener la acusación en ese estado procesal.
El fallo de la sala IV se adoptó con los votos mayoritarios de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, mientras que el juez Gustavo Hornos emitió un voto en disidencia. El tribunal ordenó que la cámara de apelaciones dicte una nueva resolución y apuntó a la contradicción entre lo solicitado por el fiscal en la audiencia y la decisión que finalmente se confirmó. La defensa de Fernández había alegado una vulneración del debido proceso, entre ellas la falta de toma de declaración de testigos propuestos por la defensa, argumento que cobró peso en la decisión.
Anulación y fundamentos
La decisión de la Cámara Federal de Casación no resolvió la cuestión de fondo sobre la supuesta corrupción sino que se centró en aspectos formales del trámite. La sala consideró que el tribunal intermedio había confirmado el procesamiento a pesar de que el fiscal en esa instancia había peticionado la revocación por falta de mérito, lo que creó una contradicción procesal. Ese enfoque técnico implicó dejar sin efecto el auto de procesamiento y las medidas que lo acompañaban, y remitió el expediente para que se dicte una nueva decisión conforme a las reglas de la etapa.
Medidas cautelares levantadas
Como consecuencia directa del fallo, el tribunal dejó sin efecto el embargo sobre bienes por más de 14.634.220.283,68 pesos y la prohibición de salida del país que pesaban sobre el expresidente. Ese monto ha sido citado por la prensa como equivalente, al tipo de cambio oficial, a aproximadamente 10,3 millones de dólares. La anulación de estas medidas no implica el cierre del proceso: simplemente suprime las restricciones impuestas en la etapa anterior mientras se define la nueva resolución de la cámara de apelaciones.
El corazón del caso y los imputados
La investigación original se centra en presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública vinculadas a la contratación de pólizas para organismos estatales. Según la acusación, a partir del Decreto 823/2026 se centralizaron las contrataciones en la aseguradora del Banco Nación, Nación Seguros SA, y se habría generado un circuito en el que intermediarios cobraban comisiones aun cuando las coberturas podían contratarse en forma directa. Los fiscales han estimado comisiones por un total aproximado de 3.360 millones de pesos y señalan que el corredor Héctor Martínez Sosa habría concentrado casi el 60% de esos pagos.
Intermediarios y cifras
El expediente detalla la participación de corredores y coaseguradoras privadas que, según la investigación, obtuvieron comisiones por encima de valores de mercado. En la causa están mencionados contratos con Nación Seguros y operaciones gestionadas por intermediarios que habrían generado un perjuicio patrimonial al Estado. Entre los nombres que surgieron en el proceso figuran el broker y amigo de Fernández, Héctor Martínez Sosa, y su ex secretaria privada, María Cantero, quienes fueron procesados junto a otros ex funcionarios y empresarios.
Delitos investigados y estado procesal
En el expediente se aluden a delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito o administración fraudulenta agravada, entre otros. Pese a la anulación del procesamiento de Fernández, la causa permanece abierta y la situación procesal del resto de los imputados puede ser revisada por la autoridad judicial competente. Además, la Cámara ordenó que se practiquen nuevas declaraciones testimoniales que la defensa había solicitado, lo que podría aportar elementos para futuras decisiones.
Vínculo con la causa por violencia de género
En paralelo a la causa por seguros, el expresidente enfrenta una segunda investigación y un juicio pendiente por denuncias de violencia de género formuladas por su ex pareja, la periodista Fabiola Yáñez. La pesquisa sobre los mensajes y archivos en el teléfono de María Cantero aportó elementos que derivaron en la denuncia de Yáñez, quien acusa a Fernández de agresiones durante su relación. El expresidente niega las imputaciones; la causa incluye cargos por lesiones graves y amenazas coactivas, y está prevista la realización de un juicio oral. Fernández, de 67 años, tuvo un hijo con Yáñez, nacido en 2026.
Contexto político y próximos pasos
Fernández gobernó entre 2019 y 2026 y trasladó la presidencia al mandatario actual tras no buscar la reelección. La anulación del procesamiento en el caso Seguros altera el mapa inmediato de su situación judicial pero no cierra las investigaciones: la causa volverá al tribunal de apelaciones para que emita un nuevo fallo, y los fiscales y la defensa podrán profundizar pruebas. En los próximos pasos procesales se definirá si la acusación se sostiene, se modifica o si se producen nuevas imputaciones.
