El año 2026 ha sido un periodo crítico para el Congreso argentino, marcado por una intensa confrontación y una notable parálisis administrativa. A pesar de la urgencia de múltiples reformas, la productividad legislativa ha tocado fondo, con solo 11 leyes aprobadas en sesiones ordinarias y dos más en sesiones extraordinarias. Este desempeño representa el nivel más bajo de actividad legislativa en la última década, reflejando la polarización extrema que caracteriza el panorama político actual.
La situación se ha complicado por un gobierno que carece de mayoría en el congreso, lo que ha facilitado que la oposición imponga su agenda de emergencia. Un informe que resume el año legislativo destaca un dato alarmante: de las escasas normativas que se convirtieron en ley, ninguna fue iniciativa del gobierno durante las sesiones ordinarias que tuvieron lugar entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre.
Producción legislativa y el papel de la oposición
De las 11 leyes que lograron ser aprobadas, ocho fueron propuestas por la oposición. Entre ellas se encuentran iniciativas como la ley de financiamiento universitario, aumentos de pensiones y la conocida ‘Ley Nicolás’, que busca combatir la mala praxis médica. Además, tres de las leyes aprobadas corresponden a acuerdos internacionales heredados de la administración anterior, lo que pone de manifiesto la falta de iniciativas nuevas por parte del actual gobierno. En contraste, las dos leyes aprobadas en la sesión extraordinaria del 26 de diciembre fueron impulsadas por el gobierno: el presupuesto para 2026 y la ley de inocencia fiscal.
El veto presidencial y la resistencia del congreso
A lo largo del año, el presidente Javier Milei tomó la decisión de vetar leyes en siete ocasiones. Sin embargo, el congreso, mostrando una resistencia poco común, logró anular tres de esos vetos, reafirmando su autoridad legislativa. Este fenómeno se vio potenciado por el uso de una herramienta técnica poco frecuente, donde la oposición envió proyectos a comités, obligando al gobierno a discutir temas que preferiría evitar. Este año se registraron 20 envíos a comités, un número significativamente superior al máximo histórico de tres.
Por primera vez en años, el congreso ha logrado mostrar su poder frente al ejecutivo, rechazando cuatro decretos basados en prerrogativas delegadas y un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Esto ha limitado significativamente el margen de maniobra del presidente. Según el informe de la Dirección Legislativa, de las 22 sesiones realizadas, la mitad fueron sesiones especiales, lo que evidencia la falta de acuerdos para establecer una agenda parlamentaria común.
Expectativas hacia el futuro
A pesar de este panorama de debilidad numérica, el gobierno mantiene la esperanza de que la composición del congreso cambiará tras las elecciones de mitad de mandato de octubre. Esta expectativa se reflejó en la aprobación del presupuesto para 2026 en diciembre. Con un respaldo renovado en el congreso, Milei aspira a transformar la dinámica de defensa en una estrategia más ofensiva, lo que podría permitir al gobierno recuperar la iniciativa legislativa en 2026.
El congreso argentino enfrenta un momento de gran desafío. La polarización y la falta de acuerdos han llevado a una situación de estancamiento legislativo que necesita ser superada para que el país pueda avanzar en la implementación de políticas efectivas. El próximo año será crucial para determinar si el gobierno de Milei podrá cambiar el rumbo y establecer un diálogo constructivo con la oposición.
