Desde su implementación hace seis años, la reforma de pensiones de 2019 ha desatado un intenso debate, especialmente en torno a su disposición más polémica. En este contexto, el Supremo Tribunal Federal (STF) evalúa la constitucionalidad de una regla que establece un cálculo desfavorable para la jubilación por incapacidad permanente. Según la Emenda Constitucional 103, los beneficiarios recibirían solo el 60% de la media salarial, con un incremento adicional de 2% por cada año de contribución que supere el mínimo requerido.
Este asunto ha generado preocupación, sobre todo porque la mayoría de los ministros del STF ya se han manifestado en contra de esta disminución, considerándola inconstitucional. Este cambio resulta especialmente problemático para quienes sufren incapacidades por enfermedades graves, que constituyen la mayor parte de los casos reconocidos por el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).
Desigualdades en el cálculo de la jubilación por incapacidad
La legislación actual establece que la jubilación por incapacidad permanente relacionada con accidentes laborales se calcula de manera diferente, permitiendo que el afectado reciba el 100% de su salario promedio. En contraste, aquellos que no se encuentran en esta categoría y sufren incapacidades no relacionadas con el trabajo, deben conformarse con el 60% de sus ingresos, lo que genera una disparidad notable entre casos similares.
La problemática de la subnotificación
A pesar de la alta incidencia de accidentes laborales en Brasil, existe un problema significativo de subnotificación de la Comunicación de Accidente de Trabajo (CAT). Estudios muestran que hasta un 65% de los incidentes no se reportan, afectando directamente el acceso a beneficios por incapacidad. Cuanto menor sea el número de accidentes reportados, mayor será la cantidad de jubilaciones que aplican la reducción del 40% en su beneficio.
Este fenómeno es alarmante, ya que muchos trabajadores que sufren accidentes en el trabajo quedan sin la protección adecuada del sistema de pensiones, dejándolos vulnerables a una situación económica precaria. La falta de reportes adecuados a menudo está relacionada con el miedo al despido o a represalias por parte de los empleadores.
Implicaciones para los dependientes tras el fallecimiento del beneficiario
La situación se complica aún más si el trabajador incapacitado fallece y deja a su pareja o hijos como beneficiarios. En este caso, los dependientes enfrentarán una doble pérdida, ya que la pensión por muerte también se verá afectada por la misma reducción del 40% impuesta en la jubilación. Esta cadena de reducciones económicas es desconcertante y plantea serias dudas sobre la equidad del sistema.
Justicia social y dignidad humana
Las implicaciones de esta legislación van más allá de las cifras. Es fundamental cuestionar por qué un trabajador incapacitado debido a una enfermedad congénita debería recibir menos que otro que sufre una incapacidad laboral. La lógica detrás de este sistema no solo afecta las finanzas de los beneficiarios, sino que también pone en tela de juicio principios de justicia social y dignidad humana.
El debate en el STF no solo se centra en la legalidad de la reforma, sino también en el impacto que tiene en la vida de los ciudadanos. Se espera que los ministros aborden esta problemática con la seriedad que merece, evitando perpetuar una situación de injusticia en el sistema de pensiones.
