El anuncio que vinculó a la CIA con información sobre un posible intento de asesinato contra Iván Cepeda, líder en las encuestas, provocó un cruce público entre el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Según el entorno presidencial, en un consejo de seguridad se presentó en detalle el plan de atentado y se discutieron formas de neutralizar la amenaza; la revelación llega nueve meses después del asesinato del senador Miguel Uribe, un hecho que volvió a poner en primer plano la fragilidad de la campaña electoral.
La situación combina afirmaciones encontradas: el presidente aseguró que existen datos reales en poder de la CIA, mientras que el ministro de Defensa manifestó públicamente que esa agencia no dispone de información sobre un intento específico contra Cepeda. En paralelo, el Ejecutivo señaló que inteligencia estatal —no adscrita al Ministerio de Defensa— ya compartió material con aliados internacionales para su análisis, y se ordenó mantener capacidades focalizadas para responder ante cualquier ataque.
Versión presidencial y réplica del ministerio
Desde la Presidencia se indicó que agentes internacionales, incluida la CIA, poseen elementos que describen un riesgo concreto para la seguridad del candidato de la coalición. El presidente sostuvo que la información fue expuesta en un consejo de seguridad y que se trabajó sobre mecanismos para neutralizar el peligro. Esa afirmación fue interpretada por algunos sectores como una demanda de acción inmediata para proteger la integridad de la campaña y garantizar la estabilidad del proceso democrático.
Contraste público entre actores oficiales
En contraste, el ministro Pedro Sánchez declaró que no existen registros en la CIA sobre un plan contra Cepeda, y precisó que cuando dichas agencias cuenten con datos los compartirán. Aun así, el funcionario confirmó que un organismo de inteligencia externo al Ministerio ya remitió información a Estados Unidos para su valoración y que, en la más reciente Junta de Inteligencia Conjunta, se ordenó mantener capacidades enfocadas en prevenir atentados. Además, anunció una recompensa de 1.000 millones de pesos por datos que eviten ataques a candidatos.
Reacciones políticas y consecuencias para la campaña
El propio Iván Cepeda ha solicitado acceso al informe detallado sobre la presunta amenaza y ha asegurado que no abandonará su actividad política ni la campaña electoral, cuyo calendario incluye las elecciones del 31 de mayo. Cepeda explicó que en ocasiones anteriores ha tenido indicios sobre riesgos a su seguridad pero que no los hizo públicos para evitar alarmar a la ciudadanía, y ahora exige claridad y transparencia sobre la información manejada por el Estado.
Amenazas a otros contendientes y memoria de hechos violentos
El anuncio se produce en un contexto en el que otros candidatos han denunciado hostigamientos: la senadora Paloma Valencia recibió amenazas virtuales que incluyeron montajes fúnebres en redes, y el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella también reportó intimidaciones online. El asesinato del senador Miguel Uribe meses atrás sigue siendo un antecedente que alimenta la preocupación sobre la seguridad de quienes participan en la contienda electoral.
Lo que queda por aclarar y próximos pasos
Entre las preguntas abiertas figura la confirmación oficial de qué información manejan exactamente los servicios extranjeros, cuál es el origen de los datos compartidos por la inteligencia estatal externa y cómo se coordinará la protección sobre la base de esa información. La ciudadanía y los partidos reclaman transparencia para evitar desinformación y para que las medidas de seguridad no sean percibidas como parcializadas o como una intromisión en la campaña.
En las próximas semanas, la exigencia de acceso a los informes y la verificación independiente de los datos serán determinantes para restablecer confianza. Mientras tanto, las autoridades han reiterado su disposición a desplegar recursos para resguardar a los candidatos y evitar que la violencia socave el desarrollo normal de las elecciones, poniendo énfasis en que proteger a los aspirantes es, según sus palabras, proteger la democracia.
