El caso que rodea a Manuel Adorni volvió a ocupar la primera plana tras la declaración en la que un contratista aseguró haber recibido US$245.000 en efectivo para obras en una vivienda del barrio cerrado Indio Cua, trabajos que, según el testigo, se realizaron entre septiembre de 2026 y julio de 2026. Esa cifra supera ampliamente los US$120.000 que se mencionaron como precio de compra de la propiedad, lo que alimenta las sospechas sobre un posible enriquecimiento. Frente a estas revelaciones, la discusión pública se combinó con advertencias legales y pedidos de explicaciones de distintos sectores.
El propio jefe de Gabinete afirmó que no dará declaraciones públicas para evitar que cualquier palabra suya pueda interpretarse como intento de obstrucción de la Justicia, y así se lo manifestó en una entrevista en la que explicó que aguardará el avance del proceso. El funcionario investigado confía en que la investigación conducida por el juez Ariel Lijo aclarará los hechos y aseguró que, cuando eso ocurra, hablará con amplitud. En paralelo, el contratista declaró haber entregado su teléfono como prueba y mencionó ofrecimientos de ayuda para su testimonio, lo que incrementó la presión política sobre la presentación de la declaración jurada antes del plazo del 31 de julio.
Gastos estatales y cuestionamientos públicos
Un anexo incluido en el informe remitido a la Cámara por pedido de una diputada puso bajo la lupa a la empresa estatal Nucleoeléctrica, donde aparecen consumos con tarjetas corporativas por conceptos que los críticos califican de ajenos al sector energético: viajes al exterior, compras en duty free, salones nocturnos, servicios en playas mediterráneas y retiros en efectivo que suman más de 50 millones de pesos. La compañía defendió que los viajes y gastos respondían a consultoría técnica y formación, y afirmó que todo fue auditado; aun así anunció la suspensión del uso de tarjetas corporativas en giras internacionales ante el revuelo mediático.
Reacciones políticas
La exigencia de explicaciones escaló a la arena nacional: la senadora Patricia Bullrich reclamó la pronta presentación de la documentación y el presidente ratificó al funcionario mientras trataba de enfriar las respuestas internas. En el plano internacional, el presidente Javier Milei defendió su gestión en una conferencia en Los Ángeles y aprovechó para promover inversiones y adelantar el envío a Congreso de un proyecto denominado SUPER RIGI, según lo publicado por su entorno. Al mismo tiempo, encuentros protocolarios con representantes del mundo empresarial y organizaciones internacionales añadieron un matiz diplomático al problema político.
Economía, empresas y acuerdos internacionales
La entrada provisional del acuerdo Mercosur-UE el 1 de mayo generó expectativas y tensiones: el pacto reduce aranceles sobre más del 90% del comercio mutuo y abre un mercado conjunto que abarca cerca del 30% de la economía global y más de 700 millones de consumidores, según las partes. Mientras algunos mandatarios celebraron la apuesta por el comercio multilateral, voces europeas advirtieron sobre posibles asimetrías en normas sanitarias y ambientales. En paralelo, el sector privado también mostró movimientos: Paolo Rocca dejó la conducción ejecutiva de Tenaris, aunque mantiene cargos en el grupo Techint, y su sucesor asumirá responsabilidades operativas en un contexto de fricciones con el Estado.
Opinión pública y comunicación presidencial
La gestión enfrenta además un clima social complejo: una encuesta citó una desaprobación del 64,5% y una aprobación cercana al 34,3%, con 71,2% de encuestados deseando un cambio de gobierno. El rechazo entre mujeres se aproxima al 70% y la imagen del presidente aparece con altos índices negativos. En ese marco, la comunicación oficial recurrió a mensajes simbólicos —como una publicación con bloques tipo LEGO que subrayaba logros— y a llamados a atraer inversiones, maniobras que no mitigaron del todo el impacto de las cifras de la encuesta en el debate público.
Otras noticias de impacto
La agenda también incluyó sucesos de salud pública, memoria y justicia: a bordo del MV Hondius se registraron muertes por un brote presunto de hantavirus en una travesía del Atlántico, lo que movilizó a la Organización Mundial de la Salud y llevó a enviar especialistas para realizar pruebas. En materia de memoria, el equipo de antropólogos forenses (EAAP) identificó 11 restos más vinculados a víctimas del terrorismo de Estado cerca de La Perla; sus identidades serán anunciadas en una conferencia. Además, en Tierra del Fuego el legislativo anuló una convocatoria a votación sobre reformas constitucionales fijada para el 9 de agosto y el gobernador anticipó un veto, mientras que en cortes y tribunales internacionales se confirmaron sentencias y reconocimientos que completan un panorama intenso y diverso.
