En una audiencia celebrada el 20 de marzo de 2026, Simeon Pérez Marroquín, alias El Viejo, admitió ante la justicia su papel en la logística del ataque que afectó al senador y exprecandidato Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2026 en Bogotá. Según su versión, la orden habría venido de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, y fue transmitida por un enlace identificado como Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. En la audiencia el confesante aceptó participación y recibió una condena que suma 22 años de prisión, mientras la Fiscalía agiliza medidas para capturar a involucrados que estarían fuera del país.
El testimonio de El Viejo describe una red de conexiones que va desde prisiones hasta pasos fronterizos, y detalla encuentros previos con cabecillas que ilustran la organización del ataque. La acusación no lo presenta como un hecho aislado sino como una operación criminal estructurada, con roles definidos: desde el determinador —quien induce o convence— hasta células urbanas que habrían cumplido la ejecución. Con esos elementos, la Fiscalía sostiene la hipótesis de que hubo intención de impactar procesos políticos y de emplear rutas transfronterizas para proteger a los mandos.
El papel de los interlocutores y la cadena de mando
Según lo relatado por El Viejo, el nexo clave fue Yako, quien habría comunicado que la responsabilidad intelectual correspondía a la Segunda Marquetalia. El acusado explicó que conoció a Kendry Téllez años atrás en la cárcel La Picota y que, tras su salida, éste le ofreció “trabajos” que incluían movimiento de armas y homicidios. Ese acercamiento culminó en un encuentro en la zona fronteriza con Venezuela con José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, jefe disidente que según la investigación coordinaba tácticas y logística desde el exterior.
Encuentros en la frontera y coordinación logística
El relato apunta a reuniones en inmediaciones de Cúcuta donde, según El Viejo, se presentó a la figura conocida como El Zarco. En esa cita, la presencia discreta de los mandos —sin armas largas a la vista— llamó la atención del condenado, que recibió instrucciones y el aval para ejecutar tareas en Bogotá. La Fiscalía ha señalado que parte de la coordinación se realizó desde la frontera colombo-venezolana y que allí existiría un corredor de impunidad que facilita la perman
