Un contingente de agentes bonaerenses y familiares se reunió frente a la jefatura central de Rosario para exigir mejoras salariales y mayor atención a la salud mental del personal. La protesta, que incluyó un sirenazo, quema de neumáticos y bloqueos viales, concluyó cuando el gobernador de la provincia se presentó públicamente y anunció un incremento en las remuneraciones. En el intercambio también se discutió la situación administrativa de los efectivos que participaron en la medida y la búsqueda de canales de diálogo permanentes con las autoridades.
Las demandas y el contexto del conflicto
Los manifestantes insistieron en que sus sueldos actuales no alcanzan para cubrir la canasta básica y que, además, soportan condiciones laborales que generan un desgaste físico y emocional prolongado. Entre las peticiones principales figuraron un piso salarial que garantice ingresos mínimos, el acceso a programas de contención psicológica y la provisión de insumos básicos —desde uniformes hasta municiones— que actualmente pagan de su bolsillo algunos agentes. La protesta también fue detonada por la muerte del suboficial Oscar Valdéz y otras pérdidas por suicidio dentro de la fuerza, hechos que los rechazos consideran síntomas de un problema sistémico.
La respuesta oficial y los números anunciados
En una rueda de prensa, el gobernador afirmó que la administración provincial atendería el reclamo y fijó un piso salarial para el personal policial y penitenciario. El anuncio público incluyó la garantía de que ningún integrante de esas fuerzas percibirá salarios por debajo de 1.350.000 pesos, además de precisiones posteriores reportadas por medios locales sobre escalas específicas para agentes operativos y complementos por servicio en ciudades con mayor conflictividad. El Ejecutivo también indicó que se evaluaría el levantamiento de sanciones contra quienes habían sido pasados a disponibilidad y que se habilitarían mecanismos para seguir negociando.
Reincorporaciones y procesos disciplinarios
Tras el acuerdo, el gobierno informó que permitiría el regreso a sus funciones de un grupo de efectivos que habían sido apartados preventivamente durante la protesta; fuentes oficiales mencionaron cifras alrededor de veinte reintegraciones, mientras que representantes de los manifestantes consideraron que el número inicial de suspendidos era mayor. Al mismo tiempo, las autoridades mantienen expedientes y procesos administrativos que podrían continuar para investigar posibles responsabilidades derivadas de la interrupción del servicio y los episodios de violencia en la movilización.
Ambiente en la calle y relatos de quienes protestaron
Durante las horas de tensión, centenares de uniformados y familiares permanecieron en la avenida frente a la jefatura; se escucharon bocinas, se encendieron alertas sonoras y se exhibieron pancartas con mensajes que pedían justicia para los colegas fallecidos. Algunos manifestantes increparon al jefe de policía, quien fue empujado en un cruce con los presentes, y se produjo un fuerte reclamo público por la necesidad de que el trabajo no implique desamparo económico ni psíquico. Voces de retirados y parientes, con referencias a tragedias personales, subrayaron la urgencia de políticas institucionales de prevención del suicidio y de apoyo a la familia del efectivo.
Impacto local y cifras de inseguridad
Rosario, ubicada en la margen del río Paraná y con relevancia como puerto agroexportador, arrastra problemas vinculados al narcotráfico y a episodios de violencia que afectan la convivencia. Las autoridades provinciales publicaron datos que muestran una reducción de homicidios respecto de años previos, situando la tasa en torno a 6.75 por cada 100.000 habitantes según registros provinciales, aunque los niveles de criminalidad y las amenazas a figuras públicas continuaron en la agenda local. Para muchos agentes, ese contexto incrementa la exigencia operativa y la percepción de riesgo, lo que alimentó las demandas por una recomposición salarial y por mayor soporte institucional.
El levantamiento de la protesta alivió momentáneamente la tensión en las calles: patrulleros y moto-patrullas que habían permanecido con sirenas activadas reanudaron sus recorridos y el tránsito fue restablecido. No obstante, fuentes oficiales y representantes de los policías coincidieron en apuntar que el anuncio no cierra el capítulo, sino que abre una etapa de seguimiento para materializar los aumentos, desplegar políticas de bienestar policial y fortalecer los canales de comunicación entre la fuerza y la administración provincial. La situación dejó en evidencia la necesidad de soluciones estructurales que combinen remuneración, salud ocupacional y mejoras logísticas para evitar futuros conflictos.
