En el contexto actual de El Salvador, donde la lucha contra la violencia y las pandillas ha sido uno de los pilares de la administración de Nayib Bukele, surge una pregunta inquietante: ¿a qué costo se está logrando esta «seguridad»? Un informe reciente de Human Rights Watch (HRW) expone una serie de violaciones a los derechos humanos que revelan un sistema de justicia distorsionado y prácticas policiales abusivas que no podemos ignorar.
Los números detrás del régimen de excepción
Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, el gobierno ha informado de más de 85,900 detenciones de supuestos pandilleros. Aunque las autoridades destacan esto como un éxito en la disminución de la violencia, los datos de crecimiento deben ser analizados con cautela. La narrativa oficial pinta una imagen de seguridad, pero los testimonios de los agentes policiales sugieren que la realidad es muy diferente. ¿No te parece preocupante que estos agentes relaten un ambiente en el que se les exige cumplir con cuotas de arrestos diarias, lo que lleva a detenciones arbitrarias y al uso del miedo como herramienta de control?
Los datos de HRW indican que estos arrestos no son solo el resultado de una estrategia de seguridad, sino que a menudo se realizan sin pruebas suficientes y bajo coacción. Este clima de impunidad ha fomentado un entorno en el que los derechos humanos son ignorados, y las detenciones se convierten en una mera estadística. ¿Qué significa realmente «seguridad» si se logra a expensas de los derechos fundamentales de los ciudadanos?
Caso de estudio: la experiencia de los agentes policiales
Las entrevistas realizadas por HRW a 11 oficiales de policía revelan una preocupante falta de rendición de cuentas. Muchos de estos agentes, con entre 9 y 31 años de servicio, expresaron que las órdenes que recibían priorizaban el número de arrestos sobre el respeto a los derechos humanos. La presión para cumplir con cuotas ha llevado a situaciones en las que los oficiales se sienten «superpoderosos», actuando sin miedo a represalias por su comportamiento. Este abuso de poder no solo deslegitima su labor, sino que también socava la confianza del público en la policía.
Entre las revelaciones más alarmantes están los casos de extorsión, donde algunos agentes admitieron haber exigido sobornos y favores sexuales, creando un ciclo de abuso que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Este fenómeno se ve facilitado por la falta de supervisión judicial y la carencia de mecanismos efectivos para denunciar estos actos. ¿No es alarmante que la ausencia de un sistema de control adecuado no solo perpetúe la corrupción, sino que también refuerce la cultura de impunidad en la que operan las fuerzas del orden?
Lecciones para el futuro: un llamado a la acción
La situación actual en El Salvador debería ser una llamada de atención para todos los involucrados en la creación de políticas de seguridad. Es crucial que las autoridades se enfrenten a la dura realidad de que la lucha contra el crimen no puede ser a expensas de los derechos humanos. La comunidad internacional, así como las organizaciones locales, deben exigir una investigación independiente sobre estos abusos y presionar por reformas que aseguren la protección de los derechos básicos de los ciudadanos.
Los datos de crecimiento pueden contar una historia diferente a la que se presenta oficialmente. La verdadera sostenibilidad de cualquier modelo de seguridad debe basarse en el respeto a los derechos humanos y la justicia. Las lecciones aprendidas de este caso deben ser un recordatorio de que la seguridad no puede ser sinónimo de abuso, y que el bienestar de una nación se mide no solo por su capacidad para controlar el crimen, sino también por su compromiso con la justicia y la dignidad humana.
